NICARAGUA.-El presidente centroamericano es el principal impulsor de una medida que obliga a las empresas telefónicas a suministrarle al Gobierno de forma periódica la información sobre sus usuarios, incluyendo su geolocalización. Opositores la llaman ‘ley mordaza’.
La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, propuesta por el presidente Daniel Ortega, y que deroga la anterior de telecomunicaciones y correos postales, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, después de ser aprobada por unanimidad por el Parlamento, controlado por los sandinistas y aliados.
El artículo 109 de esa ley establece que “los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.
“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, según la norma.
Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La nueva norma establece también que Telcor obligará a los canales locales y creadores audiovisuales, que generen o proveen programas y contenidos por internet, a solicitar una licencia para operar en Nicaragua.
Según el Ejecutivo, la nueva ley está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.
Oposición: la nueva norma busca “vigilar”
Sin embargo, opositores y la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denuncian que con esta nueva norma de telecomunicaciones, el Gobierno sandinista busca “vigilar” a los nicaragüenses y a todas aquellas personas con teléfonos celulares de Nicaragua.
Según el exdiputado nicaragüense desnacionalizado Eliseo Núñez, miembro de la opositora Concertación Democrática Nicaragüense, el artículo 109 de esa ley obliga a las telefónicas a darle información al ente regulador de lo que consumen los usuarios.
Para la oposición, el Gobierno promovió esa ley para perfilar a las personas que sean de su interés en Nicaragua, entre los que mencionó a los del Ejército, la Policía y los empleados estatales.
