Rosalina Núñez, integrante de la coalición, calificó el caso como un hecho “sin precedentes” que trasciende la corrupción administrativa.
“No es solo un caso de corrupción, es un caso deshumanizante; se ha robado el dinero de la salud del pueblo, se le ha robado la vida al pueblo”, expresó.
Senasa estructuró esquemas de corrupción con empresas que facturaron miles de millones
Núñez insistió en la necesidad de que el proceso avance con celeridad, señalando que actualmente hay diez personas sometidas, de las cuales varias enfrentan medidas de coerción, pero aún sin una respuesta judicial definitiva.
“Exigimos que se apresure el caso Senasa 2.0, que se llame a juicio y que el proceso no se diluya en el tiempo como otros casos de corrupción que llevan años sin sentencia”, sostuvo.
Moya denunció que en Senasa se produjo una presunta malversación de fondos públicos provenientes de la clase trabajadora y el Estado, los cuales habrían sido desviados para beneficiar intereses privados.
“Demandamos que los responsables, incluyendo funcionarios, empresarios y lobistas, enfrenten sanciones ejemplares, tanto penales como civiles y económicas”, indicó.
Asimismo, advirtió que este caso refleja un problema estructural en el sistema de seguridad social dominicano, donde según dijo la salud ha sido convertida en un negocio.
Entre las principales demandas de la coalición figuran la devolución total de los recursos sustraídos, la realización de un juicio público y transparente, y el rechazo a posibles acuerdos o negociaciones que reduzcan las sanciones a los implicados.
Los manifestantes también llamaron a la ciudadanía a movilizarse y exigir justicia, al considerar que la falta de presión social ha contribuido a la lentitud del proceso.
“No queremos saber solamente lo que pasó, queremos ver a los responsables presos, porque mucha gente perdió la vida por estos actos”, enfatizaron.
Las organizaciones aseguraron que continuarán realizando acciones de protesta hasta que el caso avance y se establezcan responsabilidades penales en lo que consideran un grave atentado contra la salud de millones de afiliados al sistema.
