SANTO DOMINGO.-Fracasó el viernes el tercer intento por conocer la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por supuestamente sobornar a un testigo del Ministerio Público en el caso Senasa.
Los abogados del imputado alegaron que la jueza había participado en el proceso de investigación al autorizar el allanamiento y la trampa que se le tendió a su defendido con el dinero marcado.
«La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido en el día de hoy con un grito desesperado, con un absurdo, al recusar a una jueza a la que ellos, en dos audiencias anteriores, le hicieron pedimentos, y esa jueza decidió. Y han venido con unos argumentos que ellos conocían en esas dos audiencias y que en ningún momento plantearon en la recusación», manifestó Wilson Camacho, director general de Persecución.
Camacho sostuvo que la decisión de los abogados de recusar a la magistrada es “una muestra de litigio temerario para huir de una realidad que les aplasta, que es el conocimiento de los hechos que plantea el Ministerio Público y de las evidencias”.
“No importa lo que hagan, no importa cuánto huyan, no importa cuántas manifestaciones de litigio temerario realicen, tarde o temprano se van a tener que enfrentar a los hechos y tarde o temprano se van a tener que enfrentar a las pruebas, y no podrán seguir huyendo, y nos van a encontrar aquí con la misma decisión y con la misma firmeza de procurar que los que son imputados por comisión de hechos de corrupción reciban la sanción necesaria y, en este caso, la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es de prisión preventiva”, advirtió el procurador adjunto.
Como resultado, el conocimiento de la medida de coerción fue aplazado por tercera vez. Ahora se deberá esperar que la Suprema Corte de Justicia decida sobre la recusación presentada por la defensa, coordinada por Valentín Medrano.
El Ministerio Público solicita la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el fiscal.
