Santo Domingo, RD.-La democracia tiene una regla fundamental que distingue a las naciones civilizadas de aquellas atrapadas en el caos permanente: ganar cuando el pueblo te favorece y aceptar la derrota cuando la población decide otro camino. Quien participa en una contienda electoral debe estar dispuesto a respetar el resultado final, siempre que este haya sido certificado por las instituciones competentes y se haya desarrollado dentro del marco constitucional.
Sin embargo, las actuaciones del candidato presidencial Roberto Sánchez han encendido las alarmas en amplios sectores de la sociedad peruana. Lo que debió ser una actitud de prudencia, responsabilidad y respeto a las instituciones, se transformó en una ofensiva permanente para desacreditar el proceso electoral antes incluso de que los organismos correspondientes concluyeran oficialmente su trabajo.
Cuando un líder político como Roberto Sánchez comienza a sembrar dudas sin pruebas concluyentes, cuestiona sistemáticamente a los árbitros del proceso y promueve la desconfianza colectiva, no está defendiendo la democracia; está debilitando sus cimientos. Y cuando esos cuestionamientos evolucionan hacia llamados a movilizaciones destinadas a presionar a las autoridades electorales, el problema deja de ser político para convertirse en una amenaza directa a la estabilidad institucional del país.
La historia del Perú ha demostrado que cada vez que se intenta sustituir la voluntad popular por la presión, la intimidación o el caos, quien termina pagando las consecuencias es el pueblo. Ninguna democracia puede fortalecerse cuando un sector político pretende imponer en las calles lo que no logró consolidar en las urnas, como pretende el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
Resulta preocupante que, en lugar de enviar mensajes de serenidad y respeto al orden constitucional como ha hecho durante todo el proceso electoral la líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el aspirante presidencial del Perú Roberto Sánchez haya alimentado un clima de confrontación que solo contribuye a profundizar las divisiones nacionales. Más grave aún es que se haya intentado instalar la narrativa de que las instituciones únicamente son válidas cuando producen resultados favorables para determinados intereses políticos.
La democracia no funciona así, la democracia exige coherencia. No se puede defender el voto cuando beneficia a un candidato y desconocerlo cuando favorece al adversario. No se puede exigir respeto a las reglas durante la campaña para luego intentar desacreditarlas cuando los resultados no coinciden con las expectativas propias.
El Perú necesita líderes capaces de unir, no de dividir; de fortalecer las instituciones, no de erosionarlas; de construir confianza, no de sembrar incertidumbre. La estabilidad de una nación no puede estar condicionada a los deseos de un candidato ni a la aceptación selectiva de las reglas democráticas.
Hoy más que nunca, los peruanos están llamados a defender el principio fundamental sobre el que descansa toda república: la soberanía popular expresada en las urnas. Porque cuando se intenta desconocer la voluntad del pueblo, no se ataca a un adversario político; se ataca a la democracia misma.
La historia juzgará con severidad a quienes, por ambición o desesperación, decidieron enfrentar a las instituciones en lugar de respetarlas. Y también recordará a quienes defendieron el orden constitucional, la paz social y el derecho de los ciudadanos del Perú a decidir libremente el destino de su nación.
