Las denuncias de Rafael Linares sobre supuestas irregularidades en contrataciones del INABIE; el PEPCA debe iniciar una investigación, auditoría forense y persecución de los responsables.
Circula en redes sociales un revelador en video del abogado y comunicador Rafael Linares, donde detalla, con nombres y mecanismos, un supuesto entramado de corrupción montado en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Linares apunta directamente a la Dirección General de Contrataciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel, órgano rector que, por ley, aprueba, supervisa y vela por la transparencia de las compras y servicios del Estado.
Según la denuncia, Contrataciones Públicas infiltró con gente suya, empleados de confianza, las posiciones claves de INABIE. Prácticamente tienen mareado, manipulado y secuestrado al director de INABIE, al extremo que han modificado y liberalizado reglas y requisitos de las empresas concursantes, para asignar a la medida los millonarios contratos a esas mafias.
Las consecuencias las paga el país y, sobre todo, los más pobres.
El 4 % del Producto Interno Bruto asignado a la educación pública se lo han esfumado. Se ha evaporado entre licitaciones amañadas y complicidades.
La prueba está en las escuelas:
- Uniformes podridos que se rompen a los pocos días.
- Tablets y computadoras basura, chatarra electrónica sin valor pedagógico.
- Y un desayuno escolar que envenena a los niños pobres, con intoxicaciones masivas que ya no se pueden ocultar.
Mientras tanto, el presidente Luis Abinader aparece engañado por Carlos Pimentel, vinculado políticamente a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética, émulo de Cantinflas, haciendo bullas y allantes contra la corrupción, tratando de opacar y achicar las cifras de los robos y de la impunidad que aún impera en la justicia.
Lo digo yo, Plinio De Oleo, servidor público retirado, honesto, que puedo hablar duro y claro, porque nunca me he robado un centavo del Estado y fui el primero que denunció en 2020 el fraude de SeNaSa.
No es un caso aislado. Es el mismo modus operandi. Es otra estructura criminal que saquea el sector más sensible: la salud y, ahora, la educación y la alimentación de nuestros niños.
Exijo que el PEPCA intervenga de inmediato: auditoría forense, confiscación de bienes robados y condenas de 20 a 30 años.
