La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios estableció la figura del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), mediante el cual la población puede participar en la discusión, elaboración y seguimiento de la planificación de los recursos de su demarcación. Sin embargo, solo el 8 % de las alcaldías del país cumplió de forma efectiva con esa herramienta.
Ni las alcaldías del Gran Santo Domingo ni la de Santiago cumplieron a cabalidad con todos los indicadores de la herramienta, siendo Pedro Brand la peor de todas, según se evidencia en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública aplicado a los Gobiernos Locales (Sismap Municipal).
Así lo comunicó la Liga Municipal Dominicana (LDM) en respuesta a una solicitud de Diario Libre, en la que destaca que además de cumplir con la herramienta, las alcaldías de Bánica, Mella, Luperón, Licey al Medio, Baní y Los Ríos dan continuidad a la aplicación y ejecución de esta, cubriendo todos los trimestres e incluyendo un enfoque de género y grupos vulnerables.
Baja puntuación
Más de 100 alcaldías presentan un bajo nivel de cumplimiento en varios indicadores del Sismap, incluyendo el 7.01 (etapas de participación social en el proceso de asignación del Presupuesto Participativo), el 7.02 (otorgamiento de fondos y mecanismos de seguimiento del PPM en el presupuesto municipal) y 7.03 (rendición de cuentas sobre lo comprometido), registrando puntuaciones iguales o inferiores al 60 %.
Los ayuntamientos de Fundación (14.1 %), Las Charcas (18 %), Sabana de la Mar y Salinas (20.4 %) figuran como los de peor puntuación en el cumplimiento del Presupuesto Participativo.
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“Este resultado evidencia debilidades significativas en la implementación de los componentes fundamentales del Presupuesto Participativo, reflejando fallas en los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de las decisiones consensuadas con la ciudadanía”, declaró la Liga Municipal.
Sin consecuencia legal
Una fuente del área municipal explicó que la falta de ejecución de la herramienta por parte de las alcaldías puede derivar en consecuencias legales, aunque no de forma directa.
- “Depende de cómo y por qué no se ejecuta. Por ejemplo, ni la Ley 176-07 ni su reforma por la Ley 75-25 tipifican de manera expresa el simple hecho de no ejecutar el Presupuesto Participativo Municipal como un delito autónomo. No obstante, sí puede haber una sanción moral, liderada por el comité de seguimiento y control municipal y, quizá, una civil, pero de forma indirecta”, indicó.
Agregó que si el ayuntamiento aprueba el plan de inversión municipal y no ejecuta las obras sin causa justificada se podrían generar observaciones de la Cámara de Cuentas y, por tanto, informes negativos de gestión.
“Es decir, el comité no castiga, pero pudiera activar los mecanismos de control (Contraloría y Cámara de Cuentas)”, precisó la fuente, quien prefirió el anonimato.
De acuerdo con la LMD, la falta de rendición de cuentas trimestral, la ausencia de evidencias de ejecución financiera, la no conformación o inactividad del comité de seguimiento, una participación social incompleta o sin respaldo documental e información cargada fuera de plazo o incompleta son los principales elementos que incumplen las alcaldías.
Lo que pide la gente
El Presupuesto Participativo busca la intervención comunitaria, especialmente en lo concerniente al 40 % de la transferencia que reciben los municipios del presupuesto nacional, fondos que deben destinarse a gastos de capital.
Las infraestructuras más solicitadas por las comunidades en el PPM son el arreglo de calles, pavimentación y parqueos, la construcción de aceras y contenes y el mejoramiento de callejones y tramos rurales.
A estas les siguen las soluciones de drenaje pluvial en sectores vulnerables a inundaciones, cañadas y obras de mitigación de escorrentías, según reveló la Liga Municipal.
Los centros comunales, parques y áreas recreativas, la iluminación pública y señalización vial, el mantenimiento de infraestructura existente, remozamientos de instituciones públicas de uso colectivo y obras para grupos vulnerables (espacios multiuso cercanos a comunidades con altos índices de carencias) completan la lista de las solicitudes que realizan los munícipes.
