MADRID.-El debate en torno al sector energético vuelve a estar sobre la mesa, aunque esta vez promete llegar más lejos que en 2022, cuando la guerra en Ucrania obligó a adoptar medidas excepcionales (el tope del gas, conocido como la solución ibérica) ante la amenaza de una crisis de desabastecimiento de productos y servicios básicos para los consumidores.
El Gobierno avanza que “se harán las reformas y se tomarán las medidas que sean necesarias“. Si bien, la parte socialista prefiere posponer este debate para más adelante para priorizar la investigación sobre lo que pasó a las a las 12 horas, 33 minutos y 442 segundos del pasado 28 de abril, momento en el que empezó todo, según detallan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
De hecho, al no aceptar el Gobierno “ninguna de sus propuestas”, incluida la relacionada con las centrales nucleares, los populares dan por rotas las negociaciones con el Ejecutivo sobre el decreto antiaranceles, que se votará la próxima semana en el Congreso.
Vox también ha aprovechado el apagón para reivindicar su defensa de las centrales nucleares, culpando a las renovables del colapso energético, a pesar de que se desconocen las causas de lo ocurrido.
Sumar y Podemos compiten por liderar el debate en la izquierda
Por su parte, el socio minoritario del PSOE ha querido tomar la delantera en el Gobierno, aunque vuelve a competir junto a Podemos, su principal rival en las encuestas. La vicepresidenta segunda y líder del espacio de Sumar, Yolanda Díaz, defendió que la red pública eléctrica tiene que estar “en manos públicas”.
La política gallega afeó que la red eléctrica es un servicio estratégico que hoy está “privatizado” y actúa como un “monopolio”, a pesar de tratarse de un servicio estratégico del país. Por ello, tiene claro que este tipo de sectores tienen que estar suscitados al control público.
En términos similares se ha pronunciado Podemos. El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió este miércoles al Gobierno la nacionalización de la red de suministro eléctrico, la creación de una empresa pública de energía para gestionarlo, y el empleo de las fuerzas de orden público para entrar en las empresas que no quieran ofrecer datos del apagón.
“Tenemos un sistema energético privatizado y diseñado en beneficio de las grandes compañías, por lo que es necesario nacionalizar la red eléctrica”, añadió Fernández, quien criticó que el Gobierno “encuentre ahora 10.000 millones de euros” para aumentar el gasto militar y no tuviera en 2018 los 8.000 millones necesarios para la nacionalización del sector eléctrico.
