WASHINGTON.-El Departamento de Justicia demandó el jueves a cuatro ciudades de Nueva Jersey por presuntamente obstruir a las autoridades federales de inmigración con sus políticas de santuario, según pudo revelar en exclusiva The Post.
La demanda afirma que los funcionarios de Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken han estado bloqueando inconstitucionalmente a los federales para que no se coordinen con las autoridades locales para detener y deportar a inmigrantes ilegales.
El fiscal general adjunto interino Yaakov Roth escribió en la denuncia que las políticas locales equivalían a “un ataque frontal a las leyes federales de inmigración y a las autoridades federales que las administran”.
Protestas contra el arresto y la detención de Mahmoud Khalil frente al juzgado de Newark el 27 de marzo de 2025 en Newark, Nueva Jersey. Corbis vía Getty Images.
“El propósito expreso y el claro efecto de estas políticas… es obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración”, dijo Roth. “Incluso cuando las fuerzas del orden locales quieren ayudar a Estados Unidos a lidiar con la crisis migratoria nacional, las Políticas Impugnadas se lo impiden”.
“Esto no solo pone en riesgo la seguridad de los oficiales, sino que también pone en peligro a las comunidades más amplias que juraron proteger”, agregó, afirmando que las políticas violan la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
La demanda llega poco después de un enfrentamiento de alto perfil el 9 de mayo que involucró a políticos demócratas estatales y federales en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, que terminó con el arresto del alcalde de la ciudad, Ras Baraka, y condujo a cargos federales contra la representante LaMonica McIver (D-NJ).
“Los acontecimientos recientes han demostrado que a estos funcionarios de Nueva Jersey les importa más el espectáculo político que la seguridad de sus comunidades”, dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado.
“Como he dejado claro, este Departamento de Justicia no tolera que los funcionarios locales de las ciudades santuario obstruyan la aplicación de las leyes migratorias: se avecinan más litigios”.
