SANTO DOMINGO. -La empresa Eugenio Trading, en cuyo contenedor las autoridades dominicanas decomisaron un arsenal de armas procedente de Miami, Florida, con destino a Haití, llevaba más de cinco años operando.
La compañía de envíos es propiedad del imputado Urbano Eugenio García.
Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el otro acusado, Maximino Pérez Berigüete, era quien recibía los contenedores en territorio dominicano para luego enviarlos a Haití.
Entre 2020 y 2024, los imputados recibieron aproximadamente 20,535,830 pesos y 160,764 dólares por el negocio de envíos, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción.
Un año de prisión preventiva
Ayer, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Urbano Eugenio García y Máximo Pérez Berigüete
El Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado complejo, petición que fue acogida por el tribunal. Como parte de la medida, García cumplirá prisión en la cárcel de Haras Nacionales, en Santo Domingo Norte, mientras que Pérez Berigüete será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
El cargamento decomisado en el país, que llegó desde Estados Unidos en un contenedor en tránsito, contenía más de 36,000 cápsulas de distintos calibres, 18 cargadores de fusil, 13 cargadores de 9 milímetros, un cargador para fusil calibre 50, un silenciador y una caja de pistolas. Además, se hallaron 23 armas de fuego, incluyendo un fusil Barrett calibre 50 milímetros, 15 fusiles calibre 7.62, un fusil calibre 9, cinco pistolas Glock calibre 9 milímetros y un subfusil calibre 9 milímetros.
Entre 2020 y 2024, los imputados recibieron aproximadamente 20,535,830 pesos y 160,764 dólares por el negocio de envíos, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción.
Los acusados residen en Elías Piña y Las Matas de Farfán, al sur del país, cerca de la frontera con Haití.
El abogado de los imputados, Luis Matos, cuestionó la decisión del tribunal, argumentando que sus clientes son «tontos útiles» y que solo operaban una empresa de transporte. «Es muy difícil que ellos supieran lo que iba dentro del contenedor», expresó.
