WASHINGTON.-La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) ha registrado el miércoles la vivienda de Hannah Natanson, una periodista del diario estadounidense ‘The Washington Post‘, a medida que avanza una investigación por la presunta filtración de secretos de Estado.
Aunque se desconoce qué informaciones concretas han suscitado estas medidas, el periódico ‘The New York Times‘ ha confirmado el registro, el cual considera “extremadamente raro” en casos de este tipo.
La periodista, que cubrió las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para despedir a miles de funcionarios a nivel federal, publicó en diciembre un reportaje al respecto. Muchos de estos trabajadores han compartido sus casos personales con la periodista y han acusado al Gobierno de “ejercer presiones” en su contra, tal y como ha explicado el citado medio.
Durante la redacción del reportaje, algunas de sus fuentes admitieron estar “filtrando información“, entre ellos un miembro del personal del Departamento de Justicia, que dijo entonces “los peligros” que esto acarreaba. “Lograr la verdad y sacar a la luz los hechos es mucho más importante”, aseguró entonces, bajo condición de anonimato.
El director del FBI, Kash Patel, señaló en un comunicado que el operativo se realizó tras una orden judicial emitida por las autoridades pertinentes. Patel añadió que el objetivo del registro era una persona sospechosa de obtener y difundir datos militares considerados sensibles y clasificados, información que habría sido proporcionada por un contratista y que, según las autoridades, podría haber puesto en peligro tanto a soldados como a la seguridad nacional.
Las autoridades estadounidenses han manifestado de forma reiterada su rechazo a la difusión no autorizada de documentación reservada. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que la divulgación de información clasificada implica la posibilidad de daños para la seguridad nacional y la vida de militares, y advirtió que la administración encabezada por Donald Trump mantiene una política de “tolerancia cero” frente a estas filtraciones. En palabras de Leavitt, “Trump ha mostrado una tolerancia cero hacia estos asuntos y seguirá haciendo frente de forma agresiva a actos ilegales de este tipo”.
El reportaje de Hannah Natanson, publicado en diciembre según detalló The Washington Post, trató sobre empleados federales afectados por los despidos promovidos durante el mandato de Trump, quienes compartieron sus vivencias, mencionando presiones recibidas por parte del Ejecutivo y relatando la atmósfera dentro de las agencias gubernamentales. Entre las fuentes figura un trabajador del Departamento de Justicia que admitió el envío de información, argumentando que el valor de “lograr la verdad” prevalecía sobre los riesgos inherentes a esa decisión.
Autoridades federales han remarcado que la difusión de datos confidenciales, especialmente en materia de defensa y operaciones militares, representa un riesgo potencial para la integridad de las operaciones y la seguridad del personal en servicio. Según publicó The Washington Post, las consideraciones sobre la seguridad nacional se han situado como argumento central para justificar tanto las acciones judiciales como el endurecimiento de la política gubernamental en relación a las filtraciones.
La colaboración entre distintas agencias, incluida la Fiscalía General y el Departamento de Defensa, ha sido mencionada por las autoridades como un aspecto fundamental de la investigación. Pam Bondi mencionó su trabajo conjunto con el secretario de Defensa y destacó que la administración Trump mantiene su compromiso de sancionar este tipo de conductas. El caso ha puesto bajo el foco el equilibrio entre la difusión pública de información de interés general y la protección de los secretos de Estado, especialmente en contextos en que la información sensible puede proceder de contratistas externos al gobierno.
Según consignó The Washington Post, el contratista del Pentágono implicado en el caso permanece bajo custodia y enfrenta cargos por la filtración, aunque por el momento no se han hecho públicos detalles específicos sobre su identidad o sobre los procedimientos judiciales que se le aplican. Las declaraciones oficiales insisten en que cualquier acción que implique la publicación de datos clasificados será objeto de investigaciones y, si corresponde, de persecución penal.
El caso ha atraído la atención sobre el papel del periodismo en la investigación y publicación de asuntos de interés público, particularmente cuando involucran a trabajadores gubernamentales y la gestión de información de carácter reservado. Según reportó The Washington Post, diversas fuentes consultadas por la periodista agradecieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos, en medio de las dificultades para acceder a canales formales de denuncia.
Los registros ejecutados por el FBI y las posteriores declaraciones de altos funcionarios se producen en un contexto donde las autoridades estadounidenses han endurecido su postura sobre la seguridad nacional y el manejo de documentos reservados. Al mismo tiempo, la investigación continúa en desarrollo y se espera que salgan a la luz nuevos detalles sobre el alcance de la presunta filtración y el destino de las personas involucradas, según destacó The Washington Post.
