NUEVA YORK.-La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, está recurriendo a un grupo demócrata nacional para financiar su defensa legal mientras los fiscales designados por el presidente Donald Trump investigan y presentan cargos contra sus adversarios.
La maniobra de James insinúa la importante exposición legal que enfrenta y es una prueba más de que es un blanco clave de los continuos esfuerzos de Trump por influir en el históricamente independiente Departamento de Justicia de Estados Unidos. James, demócrata, ganó una sentencia por fraude en 2023 contra el presidente republicano, lo que puso en duda las afirmaciones de Trump de ser un brillante hombre de negocios.
El presidente ha presionado públicamente a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, para que presente cargos contra sus críticos y ha reemplazado a fiscales de carrera por fiscales leales. La semana pasada, fiscales de Virginia acusaron al exdirector del FBI, James Comey, de mentir al Congreso. Trump había exigido que Bondi presentara cargos contra Comey en una publicación en redes sociales que también mencionaba a James, escribiendo: «Todos son culpables».
El viernes, la Asociación de Fiscales Generales Demócratas anunció que estaba creando un fondo al que James y otros funcionarios podrían acceder.
“Trump ha amenazado abiertamente a los funcionarios electos que buscan exigirle cuentas por acciones que violan la ley o la Constitución, y está atacando específicamente a los fiscales generales demócratas”, declaró Sean Rankin, presidente de DAGA. “Prevemos que los ataques contra la fiscal general James se intensificarán, así como nuevas acciones con motivos políticos contra otros fiscales generales”.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
Bondi designó entonces al abogado Ed Martin como fiscal especial en el caso de fraude hipotecario, según informó NPR. El nombramiento se produjo después de que la nominación de Martin como fiscal federal en Washington D. C. fuera retirada debido a las preocupaciones sobre su labor legal representando a los alborotadores del 6 de enero.
James ha negado haber actuado mal. Su abogado personal, Abbe Lowell, declaró en agosto que usar al Departamento de Justicia como arma es un atentado contra el estado de derecho.
Trump anunció este mes en redes sociales que despidió a Erik Siebert, fiscal federal interino en el este de Virginia, por no tomar medidas contra James, Comey y el exsenador estadounidense Adam Schiff, demócrata de California que dirigió el primer juicio político contra Trump. No está claro si Martin y los fiscales de Virginia colaboran en el caso de James.
El presidente afirma que James, Comey y Schiff fueron figuras clave en lo que considera investigaciones injustas y con motivaciones políticas. Trump nominó a Lindsey Halligan , asistente de la Casa Blanca sin experiencia en la fiscalía, para reemplazar a Siebert.
“No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump. “¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”
La campaña de reelección de James ha estado solicitando simpatizantes mediante correos electrónicos y mensajes de texto pidiendo contribuciones para ayudar a «enfrentarse a Donald Trump y sus aliados que creen que están por encima de la ley».
El fondo de defensa legal es diferente. Los donantes no estarán sujetos a las leyes estatales que limitan las contribuciones de campaña y exigen la divulgación pública. La ciudad de Nueva York cuenta con regulaciones para los fondos de defensa legal establecidas por funcionarios electos, incluido el alcalde Eric Adams, pero no existe un sistema paralelo para los funcionarios estatales.
La Asociación de Fiscales Generales Demócratas indicó que las contribuciones se canalizarían a través de una organización 527 y se divulgarían en una declaración anual. Este tipo de organización puede aceptar donaciones ilimitadas de particulares, empresas y sindicatos para influir en políticas, nombramientos o elecciones.
El dinero del fondo cubrirá los honorarios del bufete de Lowell. Un portavoz de la fiscalía general declaró que James se negaba a utilizar una partida especial de 10 millones de dólares incluida en el presupuesto estatal para funcionarios sujetos a investigaciones por represalias.
Los republicanos han atacado esa disposición, diciendo que estaba hecha a medida para James.
John Kaehny, director ejecutivo del grupo de vigilancia Reinvent Albany, afirmó que los legisladores neoyorquinos deberían promulgar regulaciones sobre los fondos de defensa legal. Sugirió que James utilice el programa estatal recientemente creado.
“Creemos que crea menos conflictos de intereses potenciales para la Procuradora General James usar los fondos de los contribuyentes asignados por el gobernador y la legislatura con su defensa legal en mente que una cuenta política nacional 527 que puede aceptar contribuciones ilimitadas de intereses especiales que presionan al estado de Nueva York”, dijo Kaehny.
Un portavoz de la oficina del contralor estatal, Tom DiNapoli, dijo que nadie ha aprovechado el nuevo programa del estado ni ha presentado facturas para su revisión.
En agosto, la oficina de DiNapoli aprobó una solicitud de James para utilizar hasta un millón de dólares de fondos de los contribuyentes para una firma legal externa relacionada con una investigación federal separada sobre sus actividades.
Los investigadores de esa investigación con sede en Albany, dirigida por el fiscal federal interino John Sarcone, están buscando registros relacionados con la demanda por fraude civil de James contra Trump, así como otro caso que presentó contra la Asociación Nacional del Rifle.
