NUEVA YORK.-La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que ha llegado a un acuerdo con los líderes legislativos estatales para aprobar una ley que otorgue a las personas con enfermedades terminales la capacidad legal de terminar sus vidas mediante medicamentos recetados.
En un artículo de opinión en el Albany Times Union, Hochul expresó su apoyo a la propuesta, aunque aclaró que el acuerdo incluirá «salvaguardias» a la ley.
Hochul, quien es católica, manifestó que llegó a esta decisión después de escuchar a neoyorquinos en «medio del dolor y el sufrimiento», así como a sus hijos, mientras también consideraba la oposición de «individuos de muchas creencias que creen que acortar deliberadamente la vida de uno viola la santidad de la vida».
«Me enseñaron que Dios es misericordioso y compasivo, y nosotros también debemos serlo», escribió. «Esto incluye permitir una opción misericordiosa a aquellos que enfrentan lo inimaginable y buscan consuelo en sus últimos meses en esta vida».«Me enseñaron que Dios es misericordioso y compasivo, y nosotros también debemos serlo», escribió. «Esto incluye permitir una opción misericordiosa a aquellos que enfrentan lo inimaginable y buscan consuelo en sus últimos meses en esta vida».
Una docena de otros estados y el Distrito de Columbia permiten el suicidio asistido médicamente, según los defensores. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó el viernes una legislación que permitirá a los residentes con enfermedades terminales de ese estado elegir terminar con sus vidas.
La Ley de Ayuda Médica para Morir de Nueva York requiere que una persona con enfermedad terminal y con un pronóstico de seis meses más de vida haga una solicitud por escrito para recibir medicamentos para la muerte. Dos testigos tendrían que firmar la solicitud para asegurar que el paciente no está siendo coaccionado. La solicitud luego tendría que ser aprobada por el médico tratante de la persona, así como por un médico consultor.
La gobernadora declaró que los patrocinadores del proyecto y los líderes legislativos han acordado agregar disposiciones para requerir la confirmación de un médico de que la persona «realmente tiene menos de seis meses de vida», junto con la confirmación de un psicólogo o psiquiatra de que el paciente es capaz de tomar la decisión y no está bajo coacción.
Hochul también indicó que el proyecto incluirá un período de espera obligatorio de cinco días, así como una solicitud oral escrita y grabada para «confirmar que hay el libre albedrío». Las instalaciones ambulatorias asociadas con hospitales religiosos pueden optar por no ofrecer la opción.
Agregó que «este es un derecho otorgado solo a los neoyorquinos».
Un portavoz de Hochul dijo que la gobernadora firmará la ley el próximo año, con sus cambios incorporados en la propuesta.
La legislación se presentó por primera vez en 2016, pero se estancó durante años debido a la oposición de la Conferencia Católica del Estado de Nueva York y otros grupos. La organización católica argumentó que la medida devaluaría la vida humana y socavaría el papel del médico como sanador.
En una declaración después del anuncio de la gobernadora, el cardenal Timothy Dolan y los obispos de Nueva York indicaron que la posición de Hochul «señala el abandono por parte de nuestro gobierno de sus ciudadanos más vulnerables, diciéndoles a las personas que están enfermas o discapacitadas que el suicidio en su caso no solo es aceptable, sino que es alentado por nuestros líderes electos».En una declaración después del anuncio de la gobernadora, el cardenal Timothy Dolan y los obispos de Nueva York indicaron que la posición de Hochul «señala el abandono por parte de nuestro gobierno de sus ciudadanos más vulnerables, diciéndoles a las personas que están enfermas o discapacitadas que el suicidio en su caso no solo es aceptable, sino que es alentado por nuestros líderes electos».
Los legisladores de Nueva York aprobaron la legislación durante su sesión reguladora a principios de este año. Los partidarios dijeron que reduciría el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales y les permitiría morir en sus propios términos.
El suicidio médicamente asistido, como la eutanasia, constituyen formas diferentes de poner fi n a la propia vida en determinadas circunstancias. Cuando la acción la realiza la propia persona con ayuda médica se denomina suicidio médicamente asistido (SMA); cuando es el médico quien causa directamente la muerte del propio paciente a petición de éste, se habla de eutanasia.
Tanto en uno como en otro supuesto, el paciente debe reunir determinadas condiciones de salud y, especialmente, debe ser capaz de formular la petición de que otros le ayuden a poner fi n a su vida para lo que debe gozar de pleno conocimiento y de capacidad de decisión.
Esas condiciones resultan imprescindibles para distinguir las actuaciones de eutanasia o de SMA del homicidio. España mantiene, al igual que otros muchos países, la penalización de la eutanasia y del SMA, aunque el propio código penal introduce atenuantes para quien así actuara por motivos compasivos y a petición expresa del paciente. En este artículo se aboga por despenalizar claramente el SMA y la eutanasia si dichas acciones se efectúan con total respeto a los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales destaca la explícita voluntariedad, por lo que al mismo tiempo debería mantenerse la califi cación de delito tanto para la inducción al suicidio como para la llamada eutanasia involuntaria. Algunas sociedades de nuestro mismo entorno cultural han avanzado en la despenalización de la eutanasia o del SMA.
El artículo describe la situación al respecto en Oregón (USA), Bélgica, Holanda y Suiza, países en los cuales dichas prácticas no son legalmente pu nibles si se realizan de acuerdo con lo que su respectivo ordenamiento jurídico ha establecido. En algunos de ellos, además, han surgido organizaciones no gubernamentales que informan, asesoran y, en algún caso, colaboran activamente en la asistencia al suicidio en condiciones muy estrictas. Este artículo enfoca el debate acerca de la eutanasia y del SMA no sólo como una cuestión de derechos o de opciones de personas sufrientes a causa de su situación de salud; expone, además, que deben considerarse como una acción compasiva, empática, para con esas personas sufrientes, lo cual añade un elemento humanista de primer orden.
