Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio y su hermana Maribel Espaillat

SANTO DOMINGO.-Pasada las dos de la tarde de este domingo y con un amplio dispositivo de seguridad se inicio el conocimiento de la medida de coerción en contra del propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, y de su hermana Maribel Espaillat.

En esta audiencia el Ministerio Público busca que se le imponga prisión preventiva a Antonio Espaillat y arresto domiciliario a Maribel Espaillat.
Sin embarbo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside el magistrado Rigoberto Sena, aplazó la audiencia para el próximo miércoles a la 11:00 a. m.
El magistrado adoptó su decisión para dar tiempo de notificar al abogado de los imputados, para que puedan preparar los alegatos de defensa de las imputaciones que hace el Ministerio Público en contra de los hermanos Espaillat.
Maribel Espaillat

Maribel Espaillat 

El Ministerio Público busca que se le imponga prisión preventiva a Antonio y arresto domiciliario a Maribel.

Asimismo, los fiscales solicitan al juez que declare el caso complejo en vista de la cantidad de víctimas en la tragedia del Jet Set.

Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados el pasado jueves tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos.

antonio 2

Asimismo los fiscales investigan a los hermanos por el delito de homicidio involuntario. Además, aseguran que ambos intentaron «intimidar o manipular» a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.

El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como los golpes y heridas involuntarias.

El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.

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