El juez federal de distrito William Orrick emitió la orden judicial solicitada por San Francisco y más de una docena de otros municipios que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración.
Orrick escribió que los demandados tienen prohibido “tomar cualquier acción directa o indirecta para retener, congelar o condicionar fondos federales” y el gobierno debe proporcionar un aviso por escrito de su orden a todos los departamentos y agencias federales para el lunes.
Una orden ejecutiva emitida por Trump indica a la secretaria de Justicia Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem retener dinero federal a las jurisdicciones santuario. La segunda orden instruye a cada agencia federal a asegurar que los pagos a gobiernos estatales y locales no “fomenten las llamadas políticas ‘santuario’ que buscan proteger a los inmigrantes ilegales de la deportación”.
En una audiencia el miércoles, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que era demasiado pronto para que el juez otorgara una orden judicial cuando el gobierno no había tomado ninguna acción para retener cantidades específicas o establecer condiciones sobre subvenciones específicas.
Pero Orrick, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, dijo que esto era esencialmente lo que los abogados del gobierno argumentaron durante el primer mandato de Trump cuando el republicano emitió una orden similar.
“Su bien fundamentado temor de aplicación de la ley es incluso más fuerte que en 2017″, escribió Orrick, citando las órdenes ejecutivas así como las directivas de Bondi, otras agencias federales y las demandas del Departamento de Justicia presentadas contra Chicago y Nueva York.
San Francisco desafió con éxito la orden de Trump de 2017 y el Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito estuvo de acuerdo con el tribunal inferior en que el presidente excedió su autoridad cuando firmó una orden ejecutiva amenazando con cortar fondos para las “ciudades santuario”.
Los demandantes se mostraron satisfechos con la orden del juez.
“En un momento en que seguimos viendo un tremendo exceso federal, el fallo del Tribunal afirma que los gobiernos locales pueden cumplir su misión y mantener la confianza con las comunidades a las que cuidan”, dijo Tony LoPresti, abogado del condado de Santa Clara, en un comunicado.
No está claro si las agencias federales cumplirán con la orden. El jueves, el secretario de Transporte, Sean Duffy, emitió un recordatorio a los beneficiarios de fondos federales de transporte de que se espera que sigan la ley federal, incluida la aplicación de la ley de inmigración, o enfrentarse a posibles consecuencias.
El departamento no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.
