PONCE. -Wanda Vázquez Garced se convirtió oficialmente en la primera exgobernadora en la historia de la isla en ser convicta, tras declararse culpable este miércoles por un delito electoral en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, se declaró el miércoles culpable en el Tribunal Federal de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.
Vázquez Garced, quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta, aunque de un delito menos grave.
Con un «sí, su señoría», la exgobernadora y exsecretaria de Justicia reconoció ante la jueza federal Sylvia Carreño Collen haber aceptado una promesa de donativo de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini en 2020 para su campaña en la contienda por la gobernación.
Podría ser condenada a entre seis meses y un año de cárcel, pero el acuerdo de culpabilidad establece, no obstante, que la defensa podrá solicitar probatoria. La vista de sentencia será el próximo 15 de octubre.
La exgobernadora está acusada junto a Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad.
La admisión de la también exfiscal y exsecretaria de Justicia ocurrió en una abarrotada sala 4, ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, donde la exmandataria reconoció –como parte de un acuerdo con la fiscalía federal– que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini en 2020.
“Culpable”, respondió Vázquez Garced cuando la jueza le preguntó en corte abierta cómo se declaraba del cargo que enfrentaba por violar la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe aportaciones de extranjeros en procesos eleccionarios.
En la vista, que inició pasadas las 2:00 p.m., la exgobernadora respondió en un momento con voz entrecortada, y se le ofreció un pañuelo para secarse las lágrimas. Tras declararse culpable, se acercó a su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón, y le dio un beso.
“Aquí estoy, como siempre, de frente con ustedes. Y, como les dije, esas situaciones que me imputaron no eran ciertas. Gracias a mi familia, a mis amistades y, sobre todo, a Dios”, expresó Vázquez Garced a los periodistas a su llegada al Tribunal Federal.
La vista de sentencia de la exgobernadora está programada para el 15 de octubre, a la 1:30 p.m. El acuerdo dispone que la defensa podrá solicitar probatoria, aunque la Fiscalía federal se reserva solicitar de entre seis a 12 meses de prisión.
“Gracias a Dios porque llegó este día. Ustedes saben que llevo tres años esperando enfrentarme a esto y que se pudiera resolver”, afirmó Vázquez Garced, al destacar su rol en la gestión pública antes de dar su versión sobre la situación que la llevó a declararse culpable.
A las afueras del tribunal, añadió que confió en unas personas que estaban a su alrededor durante la campaña primarista, en 2020, que no le pidieron “la tarjeta verde” a Herrera Velutini para validar si, en efecto, era o no un ciudadano estadounidense.
No obstante, evitó identificarlos por nombre y apellido, y tampoco expresó si se sentía traicionada por ellos. Insistió en que no cumplieron con su responsabilidad de protegerla como candidata, asegurándose de que los donantes contribuyeran de manera adecuada.
“Confié en unas personas que estaban alrededor mío para todo lo que tenía que ver en lo político, que no hicieron su trabajo de hacer las cosas bien, y en medio de una campaña, que las personas aportan y las personas quieren de alguna manera apoyar a un candidato, pues se les olvidó pedir la tarjeta verde a este señor. Nadie lo sabía. En un furor, (nadie le preguntó) ‘dígame si usted es puertorriqueño o no lo es’. Son situaciones que ocurren. Yo estoy asumiendo la responsabilidad porque no lo hicieron adecuadamente”, mencionó Vázquez Garced.
Insistió en que la Fiscalía federal tuvo que reconocer que no tenía un “caso y, por eso, se va a archivar”. “Aquí no hubo sobornos. Aquí yo no cogí ni un solo centavo. Aquí yo no tenía ningún asesor político. Aquí yo no tenía ninguna encuesta. Nada de eso ocurrió”, subrayó.
Vázquez Garced planteó que “esta asumiendo la responsabilidad por aquellos que, de alguna manera u otra, no hicieron el trabajo de asegurarse, de las personas que estaban cooperando en la campaña”. “Así que yo lo asumí como presidenta de la campaña”, recalcó.
Enfatizó que la alegación no tiene “nada que ver” con su gestión como servidora pública, como exgobernadora, sino como “candidata, en un puesto político, en una primaria”. “Esto no tiene que ver nada con función pública ni con corrupción ni nada de eso”, dijo.
Previo a estas declaraciones, el licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, abogado de la exgobernadora, expresó que su clienta se siente “vindicada”. “Hoy habrá arreglo y cambio de alegación en el caso nuevo”, mencionó.
“A ella, la acusaron (inicialmente) de conspiración, de fraude electrónico en la modalidad de prevenir los servicios honestos de un funcionario público y la acusaron de soborno. Se hablaron de $300,000… Todo eso resultó que no era verdad”, comentó.
Ahora, la exgobernadora –quien asumió el cargo en el verano de 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares y presidió el Partido Nuevo Progresista– se enfrenta a la posibilidad de ser suspendida o expulsada del ejercicio de la abogacía.
Culpables: Rossini y Herrera Velutini
Además de Vázquez Garced, el coacusado Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), se declaró culpable por servir de intermediario en la promesa de contribución monetaria que Herrera Velutini le ofreció a la campaña de la exgobernadora.
Durante la audiencia, la fiscal Myriam Y. Fernández González informó a la corte que el acuerdo de culpabilidad permite a los abogados de Rossini solicitar una sentencia de probatoria, pero que el Ministerio Público podrá pedir hasta seis meses de cárcel.
Sin embargo, Fernández González luego aclaró que la fiscalía determinó que no será necesario imponer una pena de reclusión al exagente por, entre otras razones, aceptar su responsabilidad en el caso y que tuvo un rol mínimo en cuanto a los hechos que constituyen delito.
La vista de sentencia para Rossini fue programada para el 10 de diciembre a la 1:30 p.m.
Herrera Velutini fue el tercero en declararse culpable de ofrecer dinero y otras cosas de valor estimadas en más de $15,000, pero que no superan los $25,000, a la campaña de Vázquez Garced.
La Fiscalía federal informó al Tribunal que el acuerdo establece que sus abogados podrán solicitar una sentencia de probatoria y que el Ministerio Público podrá solicitar entre seis y 12 meses de prisión.
La vista de sentencia de Herrera Velutini fue señalada para el 10 de diciembre a las 2:30 p.m.
Independientemente del acuerdo que alcanzaron las partes, la última palabra en cuanto a la pena que deberán cumplir recae única y exclusivamente sobre la jueza Carreño Coll.
El caso comenzó en 2022
El caso contra Vázquez Garced se remonta al 4 de agosto de 2022, cuando fue arrestada por agentes adscritos al FBI y acusada de participar en un esquema de soborno vinculado a su campaña política en 2020.
Inicialmente, los acusados enfrentaban siete cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Contra Herrera Velutini, también pesaban cargos relacionados con un presunto esquema de soborno distinto.
La Fiscalía federal alegaba que Herrera Velutini contribuyó a la campaña de Vázquez Garced a cambio de que destituyera a George Joyner como comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) para detener una pesquisa contra su banco, Bancrédito International, y que luego nombrara como sustituto a una persona que había trabajado para él.
De igual forma, las autoridades federales señalaban que intentó sobornar al exgobernador Pedro Pierluisi con la misma intención de frenar la pesquisa de OCIF contra su banco. Por estas últimas alegaciones, el banquero se enfrentaba a un proceso judicial separado.
En aquel momento, Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini negaron rotundamente las acusaciones. La mandataria, incluso, aseguró que era víctima de una persecución injusta y que no había cometido ningún delito, ni “ninguna conducta ilegal ni incorrecta”.
En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperaron con las autoridades– el empresario John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.
A medida que avanzó el proceso judicial, la representación legal de los acusados y la Fiscalía federal se vieron enfrascados en dimes y diretes, principalmente por el descubrimiento de prueba, que incluía millones de documentos a ser analizados.
El acuerdo de culpabilidad
El juicio estaba pautado para comenzar el pasado lunes, 25 de agosto. Sin embargo, meses antes, el caso comenzó a tomar un nuevo giro, cuando las partes anunciaron que estaban en conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo que evitaría ir al juicio.
Un gran jurado federal emitió el miércoles, 3 de agosto de 2022, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
Según la Fiscalía federal, el esquema se llevó a cabo para financiar la campaña electoral de la entonces gobernadora en 2020.
“Le reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Se ha cometido una gran injusticia, mis abogados trabajaran con eso. Sí les puedo decir que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. es aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo”, dijo la exgobernadora ante los medios.
A poco más de tres años de la acusación inicial, la defensa de los acusados y la Fiscalía federal sostuvieron una importante reunión en Washington D.C., con la alta plana del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El encuentro fue catalogado como uno “productivo”.
Tras la reunión, las partes informaron la necesidad de continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo, el cual fue anunciado a mediados de junio mediante una moción conjunta que anticipaba la declaración de culpabilidad por un solo cargo, sin revelar cuál.
Esto llevó a la jueza federal a requerir más información, un pedido que culminó con otra moción en la que se detallaba que el cargo correspondía a la disposición 52 U.S.C. § 30121 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe donaciones de extranjeros en elecciones.
