El Gobierno que prometió defender la libertad de expresión termina aprobando un Código Penal que mantiene la prisión por difamación. La contradicción no puede pasar desapercibida.
Cuando Luis Abinader recorría el país en la campaña electoral que lo llevó al poder en agosto de 2020, una de sus principales banderas f30ue la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el combate frontal contra la corrupción.
En aquel entonces, el hoy presidente prometía que en su gobierno nadie sería perseguido por denunciar irregularidades. Al contrario, alentaba las denuncias y aseguraba que habría tolerancia cero contra la corrupción.
Tampoco es un secreto que el entonces candidato respaldó las manifestaciones ciudadanas que reclamaban transparencia y el fin de la impunidad. Desde las calles, los medios de comunicación y las redes sociales, dirigentes del PRM lanzaban fuertes acusaciones contra funcionarios del gobierno de turno sin que existiera una legislación penal como la que hoy se aprueba.
Basta recordar las constantes denuncias de dirigentes opositores, entre ellos Faride Raful, que calificaban de corruptos a funcionarios de la pasada administración. El propio Luis Abinader acusó públicamente al entonces presidente Danilo Medina de perjudicar al pueblo con la política de precios de los combustibles. Incluso lo acusó de estafar al pueblo con los precios.
Aquellas denuncias formaban parte del ejercicio democrático de la libertad de expresión. Eran el combustible político del llamado «cambio».
Hoy la realidad parece distinta.
El nuevo Código Penal mantiene la difamación como delito castigado con prisión, aunque incorpora excepciones para determinados casos de interés público. También crea nuevos tipos penales, como la difamación extorsiva, una medida con la que resulta razonable combatir el chantaje y la extorsión, prácticas que nada tienen que ver con el ejercicio responsable del periodismo.
Sin embargo, la permanencia de sanciones penales por difamación continúa generando preocupación entre periodistas, comunicadores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
En numerosos sistemas democráticos, la difamación ha sido trasladada al ámbito exclusivamente civil, reservando la prisión para conductas de mayor gravedad. En la República Dominicana, en cambio, sigue existiendo la posibilidad de enfrentar un proceso penal y una eventual condena de cárcel por determinadas publicaciones.
Ese elemento no puede ser ignorado.
Una democracia sólida necesita combatir la corrupción, pero también proteger el derecho de los ciudadanos y de la prensa a fiscalizar a quienes ejercen el poder.
El equilibrio entre la protección del honor y la libertad de expresión siempre será un desafío, pero cualquier reforma legal debe evitar generar un efecto inhibidor sobre las denuncias de interés público.
La crítica, la investigación periodística y la fiscalización del poder no deben confundirse con el chantaje ni con la extorsión. Son cosas distintas y merecen respuestas jurídicas distintas.
El Gobierno que llegó al poder prometiendo más libertades enfrenta ahora el reto de explicar por qué una parte importante del sector periodístico interpreta que el nuevo Código Penal incrementa los riesgos para el ejercicio de informar.
Porque una democracia no se mide únicamente por la celebración de elecciones. También se mide por la capacidad de sus ciudadanos de hablar, denunciar, investigar y cuestionar al poder sin temor a represalias indebidas.
La libertad de expresión no pertenece al Gobierno, ni a la oposición, ni a los periodistas. Pertenece a toda la sociedad. Y cuando esa libertad se debilita, pierde la democracia entera.
