POR YSELA SANTOS 
La gente habla, dice y más los teóricos proponen y aprueban un motón de leyes infuncionales, inutiles para que la situación en todos sus reglones mejoren en la República Dominicana. En el caso de los congresitas en su mayoria solo legislan para sus propios beneficios.
Aunque es extrema mi posición de hace mucho tiempo, entiendo que con parches el gobierno no logrará ningún cambio esta institución, si no la desmantela y hace un nuevo cuerpo del orden, apegada a los nuevos tiempos, con una otra visión, sobre todo apegada a la ley.
El mandatario aunque destacó los avances en la formación de los agentes, aumentando la duración del entrenamiento de tres a nueve meses. Admitió, “No podemos pensar que vamos a hacer milagros, estamos avanzando y es un proceso en el que tenemos que seguir trabajando”, subrayó el presidente.
No obstante, recalcó que la transformación de la Policía Nacional toma tiempo, citando el caso de Colombia, donde la reforma policial lleva 25 años y sigue en desarrollo.
La misma policia nacional violan las leyes , hay agentes con 16 años en un mismo rango .
Recientemente salió un informe que da cuenta que la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE) -que agrupa a las Fuerzas Armadas– sobresalen como las instituciones que más se rehúsan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
En una lista compartida por el TC con 93 sentencias desacatadas por personas, empresas e instituciones públicas, el MIDE aparece ocho veces y la Policía 24, a pesar de esta última ser la encargada de ejercer la «fuerza pública» para forzar a la ejecución de las decisiones judiciales.
Decenas de militares, policías (activos y pensionados) y civiles que han sido favorecidos con decisiones del TC, en al menos 32 casos han tenido que volver ante dicho tribunal para reclamar su ejecución.
Está el caso de Alexander Rubio Urbáez, a quien la PN le incautó su motocicleta en Barahona en el 2016 y llegó hasta el TC exigiendo su devolución.
La alta corte falló a su favor y dispuso que se le pague una astreinte de 5,000 pesos por cada día de inobservancia de la sentencia, a favor de Hogar Crea Dominicana. Esta organización presentó en el 2024 una solicitud de cumplimiento de sentencia para reclamar el dinero.
La lucha por una pensión
En 2017, Ana Espinosa Tejar logró que el TC reconociera su derecho a recibir la pensión de conviviente superviviente que el Ejército le había retirado en el 2000. También debía recibir los montos adeudados tras 17 años sin el beneficio.
Tras la presión pública, comenzó a recibir una pensión que rondaba los 2,000 pesos.
Además, Espinosa recibió los sueldos atrasados de 183 meses, aunque la suma no llegó a los 500,000 pesos, muy por debajo de los 2.3 millones que reclamaba, calculados con el salario actual de un segundo teniente.
En otro caso, la PN recurrió en 2017 una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le ordenaba pagar una pensión a las dos hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, quien murió en 2011.
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso y confirmó que el Comité de Retiro debía entregar a la viuda, Andrea D´Oleo Vicente, el monto adeudado desde su muerte.
Tres generales y un coronel retirados también consiguieron en el 2022 que el TC condenara a la PN a pagarles un astreinte que ascendía a 5.2 millones de pesos por desacatar la sentencia que la obligó a adecuar el monto de sus pensiones.
Sin alternativas
El pasado presidente del TC, Milton Ray Guevara, manifestó varias veces su preocupación ante el recurrente desacato de las decisiones de ese colegiado y la ausencia de medios legales que les permitan hacer cumplir sus resoluciones.
En su gestión se creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), cuya función se limita a cuestionar a las entidades y personas que no obedecen a los dictámenes.
Los actuales magistrados de esa corte prefieren no referirse al tema argumentando que no está dentro de sus atribuciones.
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso recientemente un proyecto de ley que busca sancionar a quienes desacaten las sentencias del TC. El artículo 69 dispone hasta un año de prisión por el desacato.
Continuará..
