Las adversidades de un preso político

No se trata de un trámite administrativo más. Se trata de la vida de un hombre cuya historia está marcada por la cárcel, la tortura y el exilio.

Conozco a Villca Fernández. Doy fe de su honestidad, de su consecuencia y de su valentía. No es un oportunista circunstancial. Es un líder estudiantil que desde muy joven decidió enfrentar el autoritarismo en Venezuela.

Nacido en Mérida, fue dirigente en la Universidad de Los Andes, secretario general de la Federación de Centros Universitarios, representante estudiantil y promotor de protestas en defensa de la autonomía universitaria y los derechos humanos.

Su compromiso tuvo costos muy altos. En 2007 fue víctima de un intento de asesinato dentro de la Universidad de Los Andes: recibió un disparo de nueve milímetros en el antebrazo derecho mientras lideraba protestas contra el cierre de RCTV y contra la reforma constitucional impulsada por el régimen.

Aquella derrota electoral del proyecto autoritario no fue gratuita; muchos jóvenes pagaron con persecución lo que el poder perdió en las urnas.

En 2016, tras ser acusado públicamente en televisión por altos funcionarios del régimen, fue arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Permaneció más de dos años recluido en El Helicoide, uno de los centros de detención más cuestionados por organismos internacionales. Ha denunciado torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas. No habla desde la teoría. Habla desde la experiencia del encierro, del aislamiento y del castigo sistemático.

Tras su excarcelación en 2018 fue prácticamente desterrado. Pero el exilio no significó seguridad. En Colombia denunció un intento de secuestro por grupos vinculados al régimen venezolano. En Perú sufrió hostigamiento y una solicitud formal de extradición promovida desde Caracas. Su historia ilustra con crudeza lo que significa la persecución transnacional: el brazo represivo que traspasa fronteras para intimidar, silenciar o eliminar.

Hoy, la posibilidad de su deportación ha encendido alarmas en organizaciones de derechos humanos. La Tom Lantos Human Rights Commission advirtió que, de efectuarse su retorno, podría sufrir nuevamente tortura, como la que ya padeció durante dos años en una prisión venezolana.

La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez Sandoval, ha señalado que Villca tiene temores fundados de persecución y que su derecho al asilo debe ser respetado. Incluso una comisión bipartidista del Congreso estadounidense ha solicitado protección para su caso.

No estamos hablando de conjeturas. Estamos hablando de antecedentes verificables de detención arbitraria, tortura y amenazas. Estamos hablando de un régimen que ha demostrado que no perdona a quienes lo desafían. Y estamos hablando de un activista que, incluso en libertad, continúa denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el poder en Venezuela.

La adversidad de un preso político no termina cuando cruza una frontera. Se prolonga en la incertidumbre jurídica, en la sombra constante de la represalia, en el miedo a que la protección internacional falle. El exilio no debería convertirse en una antesala del retorno forzado al verdugo.

Quienes hemos sufrido persecución sabemos que el mayor castigo no es solo la prisión física, sino la intención deliberada de quebrar la voluntad. Pero Villca no se ha quebrado.

Y precisamente por eso sigue siendo incómodo. Respaldar su derecho a la protección internacional no es un acto ideológico; es un imperativo moral y jurídico. Defender su caso es defender el principio de que nadie debe ser devuelto a un país donde existen razones fundadas para temer persecución, tortura o muerte.

La historia juzgará con severidad a quienes miren hacia otro lado. Hoy corresponde levantar la voz. No por un nombre solamente, sino por todos los que han pagado con cárcel, heridas y destierro su compromiso con la libertad de Venezuela.