QUITO .-La justicia de Ecuador sentenció el lunes a 34 años y ocho meses de prisión a cada uno de los 11 militares acusados de ser los autores de la desaparición forzada seguida de muerte de cuatro menores un año atrás, un caso que conmocionó al país sudamericano y que derivó en periódicas protestas por el esclarecimiento del hecho.
El Tribunal de Garantías Penales de la Provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, dispuso además una condena de dos años y medio de cárcel para cada uno de los cinco militares que cooperaron con la fiscalía en la investigación del caso. El Tribunal de Garantías Penales de la Provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, dispuso además una condena de dos años y medio de cárcel para cada uno de los cinco militares que cooperaron con la fiscalía en la investigación del caso.
El tribunal ordenó que cada sentenciado pague una multa de 10.000 dólares a la familia de cada víctima y pida disculpas públicas, así como una ceremonia de desagravio “reconociendo la responsabilidad del Estado y la institución militar” y la capacitación en derechos humanos de los condenados. La justicia absolvió a uno de los militares que estaba procesado.
Las sentencias podrán ser apeladas ante una instancia superior.
El ocho de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, desaparecieron luego de jugar al fútbol en un barrio del sur de la ciudad portuaria de Guayaquil. Videos revelaron que dos patrullas militares los detuvieron alegando una supuesta alerta de robo.
Encuentran los restos calcinados
Luego de varios días desaparecidos, los restos calcinados de los menores fueron hallados cerca de una base militar.
El caso conmocionó al país andino, donde se realizaron marchas exigiendo justicia, y estuvo bajo el foco de organismos de defensa de los derechos humanos que encendieron la alarma sobre el abuso cometido por las fuerzas de seguridad en medio de un conflicto armado interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa para la lucha contra el crimen organizado.
Tras seis semanas de juicio, el tribunal determinó que “la responsabilidad penal de esta estructura (militar) se consolida de manera irrefutable”. Los sentenciados incumplieron “el deber ineludible de comunicar la detención” de los menores a las autoridades, entregarlos a la policía en caso de la supuesta comisión de un delito y “garantizar su integridad física”.
Asesinados con extrema crueldad
Además, señaló que quedó demostrada “la crueldad con la cual fueron victimados”, al ser obligados a realizar trabajos físicos, quitarse la ropa y «abandonarlos completamente desnudos, siendo golpeados con fusiles”.Además, señaló que quedó demostrada “la crueldad con la cual fueron victimados”, al ser obligados a realizar trabajos físicos, quitarse la ropa y «abandonarlos completamente desnudos, siendo golpeados con fusiles”.
También apuntó que la decisión de dejarlos en una zona de difícil acceso conllevó “el resultado de muerte”.
Según explicó a The Associated Press el abogado de los familiares de las víctimas, Fernando Bastias, este pronunciamiento implica que el deceso de los chicos “es resultado de la aprehensión y desaparición bajo su custodia”. Sin embargo, no declaró a los militares culpables de la muerte, lo que será motivo de otro proceso, acotó.
Sobre las versiones “estigmatizantes” que vincularon a las víctimas con actividades ilícitas, el tribunal apuntó que fueron “desvirtuadas en este juicio donde se probó que son víctimas inocentes de un crimen de Estado” y dispuso que la Fuerza Aérea y al ministerio de Defensa divulguen una disculpa pública adicional que señale “que los jóvenes no eran delincuentes”.
Según la ley ecuatoriana, la pena mínima por el delito de desaparición forzada es de 26 años de cárcel, pero contempla agravantes como la tortura de niños y adolescentes.
Golpes, pisotones, desnudez y otras torturas durante la custodia militar
Las revelaciones durante el juicio sobre lo que sucedió mientras los menores estuvieron bajo la custodia militar generó el reclamo de organismos nacionales e internacionales como el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, que pidió al Estado entregar información sobre el caso denominado “Las Malvinas”, en alusión al barrio en el que residían las víctimas.
A través de peritajes y unos 100 testigos, la Fiscalía mostró que los adolescentes fueron víctimas de golpes en la cabeza, patadas, insultos y malos tratos.A través de peritajes y unos 100 testigos, la Fiscalía mostró que los adolescentes fueron víctimas de golpes en la cabeza, patadas, insultos y malos tratos.
Acostados boca abajo y contra el suelo recibieron puñetazos en la cabeza; a uno se le aplicó una llave y otro fue lanzado desde el vehículo al suelo.
También fueron obligados a desnudarse y su ropa fue lanzada en la vía. Uno de los militares disparó cerca del más pequeño, mientras intimidaba a todos señalando que habían llegado “al lugar donde van a morir”, de acuerdo con el relato de testigos presentados por la Fiscalía.
