SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 10 exfuncionarios y cuatro empresas señalados de integrar una red que distribuyó más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, en el caso denominado Operación Lobo.
Entre los acusados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de Seguridad de Edenorte, así como Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
También fueron acusados Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Ramón Quezada Ortiz, Wellington Peralta Santos y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L.
Según el expediente, la estructura criminal habría distribuido RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios responsables de supervisar contratos de seguridad privada en instituciones estatales, con el propósito de asegurar la adjudicación, continuidad y ejecución de esos contratos.
La investigación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, se inició a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, para mantener los contratos de seguridad en distintas instituciones públicas.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, por su presunta participación en la estructura desmantelada durante la Operación Lobo, ejecutada por el Ministerio Público en julio de 2025.
