La medida de toque de queda se aplicará en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos—, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
La disposición establece la limitación entre las 23:00 y las 05:00, con base, según detalló el Gobierno en el documento oficial, al incremento de la violencia en horario nocturno.
El Ejecutivo sostiene que las estructuras criminales han modificado sus patrones de operación, desplazando sus actividades hacia nuevas zonas y horarios, especialmente durante la noche, cuando existe menor presencia institucional.
Entre las economías ilícitas identificadas constan el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el lavado de activos.
Frente a este escenario, el decreto contempla el fortalecimiento del patrullaje focalizado, la inteligencia preventiva y el control territorial, con apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
Último toque de queda
El último periodo de restricción de movilidad, dispuesto entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, dejó 1.283 aprehendidos (la mayoría por irrespetar la medida), además de la captura de un objetivo criminal priorizado y dos individuos de interés penal relevante, según el Ministerio del Interior.
También se reportó la retención y recuperación de 207 motocicletas y 107 vehículos, así como la atención de 9.043 emergencias.
Por su parte, el Ministerio de Defensa informó la intervención de 47 objetivos militares, la incautación de más de 25.000 dólares y la destrucción de cinco pistas clandestinas utilizadas para actividades ilícitas.
Las acciones se enmarcan en el «conflicto armado interno» que el Ejecutivo ecuatoriano declaró en enero del 2024 en contra de una veintena de agrupaciones criminales, a las que pasó a clasificar como «terorristas». A las operaciones de dichas estructuras se les atribuye la crisis de violencia que atraviesa el país, en donde solo en 2025 se registraron alrededor de 9.200 muertes violentas.
