SANTO DOMINGO.- Grupos sociales, activistas y ciudadanos se concentraron este domingo frente al Palacio Nacional para exigir la aprobación de un nuevo Código Penal que garantice justicia, equidad y dignidad para todas las personas, sin exclusiones.
La manifestación fue convocada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y movimientos ciudadanos que rechazan la versión del Código Penal actualmente en estudio en el Congreso Nacional, por entender que protege a corruptos y agresores, criminaliza la protesta social y excluye derechos fundamentales, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Las organizaciones participantes recordaron que el actual Código Penal, vigente desde 1884, penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, condenando tanto a las mujeres como al personal médico que lo practique, incluso en situaciones extremas como violación, riesgo para la vida o malformaciones del feto incompatibles con la vida.
La coalición convocante hizo un llamado firme al Congreso Nacional y al presidente de la República para que se escuchen las demandas legítimas de la sociedad civil y se introduzcan las modificaciones necesarias para que el nuevo Código Penal responda a los estándares del siglo XXI.
Recordaron que estas demandas han sido expresadas de forma sistemática, especialmente durante las vistas públicas realizadas en la legislatura anterior, y que representan el sentir de amplios sectores sociales que aspiran a una justicia realmente inclusiva, moderna y garantista.
“El pueblo habló hoy, y seguirá hablando hasta lograr un Código Penal justo, coherente con los derechos humanos y alineado con los desafíos actuales de nuestra sociedad. Las y los legisladores aún están a tiempo de corregir el rumbo y legislar en favor de todas las personas”, concluyeron.
Código Penal: Senado aplaza decisión sobre reformas trascendentales
El Senado de la República Dominicana decidió dejar sobre la mesa el análisis de las modificaciones presentadas al proyecto de Ley Orgánica que establece el nuevo Código Penal. Estas reformas incluyen un total de 124 ajustes que buscan fortalecer y endurecer las sanciones, además de ampliar la protección de los derechos fundamentales en el país.
Entre los cambios más destacados se encuentra la propuesta para modificar el artículo 73, relacionado con las medidas de seguimiento sociojudicial para agresores sexuales. Se busca eliminar el apartado que menciona el “tratamiento hormonal voluntario” y se añade la inscripción obligatoria de los agresores en un registro controlado por el Ministerio Público, así como la prohibición para que estas personas trabajen en contacto directo con menores.
Las reformas también endurecen las penas por delitos graves contra la humanidad. Por ejemplo, el artículo 86, que tipifica infracciones de lesa humanidad, establece ahora sanciones de 30 a 40 años de prisión y multas significativas. De manera similar, el artículo 87 sobre genocidio amplía la definición y contempla penas igualmente severas para quienes intenten destruir total o parcialmente grupos nacionales, étnicos o religiosos.
En cuanto a los homicidios, las reformas establecen sanciones más severas: el homicidio simple con penas de 10 a 20 años y el homicidio agravado con castigos de 20 a 30 años, junto con multas económicas. Además, se añadieron agravantes para quienes usen sustancias para disminuir la voluntad de la víctima o incumplan órdenes de protección en casos de violencia de género.
Finalmente, se aprobaron modificaciones al artículo 101 sobre la cooperación al suicidio, con penas de 4 a 10 años, que aumentan a 10 a 20 años en circunstancias específicas. Estas reformas buscan reforzar la responsabilidad penal y brindar un marco más sólido para enfrentar delitos complejos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
