No hablo desde la distancia ni desde la abstracción de los libros. He visto cómo destruyeron a PDVSA, cómo expulsaron a la meritocracia, cómo convirtieron una de las empresas energéticas más importantes del mundo en una chatarra administrativa al servicio de la corrupción y del control político. Lo que ocurrió en Venezuela no fue una mala gestión petrolera; fue un expolio deliberado de la principal industria del país.
El verdadero riesgo: la inseguridad jurídica
Las grandes empresas petroleras no toman decisiones por discursos ideológicos ni por simpatías políticas; toman decisiones por riesgo país, por seguridad jurídica y por estabilidad institucional. Y Venezuela, lamentablemente, se convirtió en el peor ejemplo posible de inseguridad jurídica en el mundo energético.
En aquellas jornadas de atropello institucional se expropiaron empresas petroleras, cementeras, siderúrgicas, bancos, centrales azucareros, cadenas de alimentos, agroindustrias, hatos ganaderos y fincas productivas. Se desconocieron convenios internacionales, se violaron tratados de protección de inversiones y se irrespetaron contratos firmados por la República. Venezuela pasó, en cuestión de años, de ser un país atractivo para la inversión a convertirse en un territorio de altísimo riesgo jurídico, donde la propiedad dependía del humor del caudillo.
A partir de ese momento, cualquier contrato podía ser modificado por decreto, cualquier empresa podía ser confiscada y cualquier inversión podía desaparecer por capricho político. Se instaló lo que muchas veces hemos denunciado: en Venezuela no había Estado de Derecho, sino estado de ánimo del autócrata. Los tribunales dejaron de ser árbitros para convertirse en cómplices, y la seguridad jurídica fue sustituida por la arbitrariedad revolucionaria.
Para una empresa petrolera que proyecta inversiones a 20 o 30 años, que necesita estabilidad fiscal, reglas claras y protección legal, ese escenario simplemente hizo inviable cualquier apuesta seria en Venezuela. El capital huye del riesgo, y el chavismo convirtió a Venezuela en el país más riesgoso del continente para invertir. Esto es medular entenderlo: sin Estado de Derecho no hay inversión petrolera. Sin democracia no hay industria petrolera. Sin seguridad jurídica no hay futuro económico. Por eso el colapso petrolero venezolano no comenzó en los taladros ni en los mejoradores; comenzó el día en que el poder político decidió que la ley era un estorbo y que la propiedad privada era un enemigo a destruir. Ese día comenzó la ruina de la industria petrolera y, con ella, la ruina de toda la economía nacional.
Infraestructura en ruinas y abandono criminal
La tragedia de la industria petrolera venezolana no es solo jurídica; también es técnica. Los taladros desaparecieron, los mejoradores operan a una fracción de su capacidad, los sistemas eléctricos colapsan y el país ya ni siquiera produce suficiente diluente para mover su propio crudo extrapesado de la Faja del Orinoco. Es decir, llegamos al absurdo histórico de un país con las mayores reservas petroleras del planeta que no puede producir petróleo porque destruyó su infraestructura, expulsó a sus técnicos y convirtió la empresa petrolera en una caja chica para financiar la hegemonía política. Eso no fue un accidente. Eso fue un modelo.
Otro de los golpes más devastadores fue el despido masivo de PDVSA en 2003 y la posterior diáspora venezolana. Allí comenzó la pérdida de talento humano más grande que ha sufrido la industria petrolera venezolana en toda su historia. Ingenieros, geólogos, perforadores, operadores, gerentes, técnicos especializados emigraron a Colombia, Brasil, Estados Unidos, Guyana y Medio Oriente. Reconstruir ese capital humano tomará algún tiempo a tomar en cuenta. Porque las industrias petroleras no se reconstruyen solo con dinero; se reconstruyen con conocimiento, con experiencia y con meritocracia. Y la meritocracia fue sustituida por la lealtad política, que es el camino más corto hacia la ruina de cualquier empresa pública.
Sanciones, reputación y riesgo político
A esto se suma el régimen de sanciones internacionales y el riesgo reputacional. Esas sanciones se aplican, se quitan o se moderan, o más bien pueden ser impuestas y profundizadas a conveniencia, pero no desaparecen como amenaza a un régimen que trata de llevar a adelante un autoritarismo adaptativo.
Las grandes corporaciones petroleras cotizan en bolsas internacionales, tienen sistemas de cumplimiento normativo extremadamente estrictos y no pueden arriesgarse a multas multimillonarias ni a escándalos internacionales por hacer negocios con un régimen señalado por violaciones de derechos humanos y corrupción sistemática. Por eso muchas empresas prefieren invertir en Guyana, en Brasil o en el shale oil de Estados Unidos, donde hay reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad política, antes que asumir el riesgo venezolano. El capital no huye del petróleo venezolano; huye del narcorégimen.
Petróleo sí, pero con libertad
Recientemente se han presentado propuestas para transformar el modelo petrolero venezolano, abrir el sector a la inversión privada, verificar una escala de privatización en toda la cadena de valor; sacar los tentáculos del Estado intervencionista; suprimir todo lo que dé lugar a la perniciosa discrecionalidad de los gobiernos de turno; establecer regalías competitivas de no más del 20 % y una base de no más del 34 % del Impuesto Sobre la Renta; permitir la propiedad del crudo en boca de pozo y garantizar arbitraje internacional. Ese es el camino correcto, porque Venezuela necesita capital, tecnología, mercados y socios estratégicos. Pero conviene dejar algo muy claro: no se trata solo de cambiar algunos puntos de una ley petrolera; se trata de cambiar el sistema político. Porque ningún inversionista serio va a invertir miles de millones de dólares en un país donde un juez recibe órdenes por teléfono, donde las leyes se cambian por decreto y donde el poder político puede confiscar una empresa cuando le dé la gana. Por eso el debate petrolero venezolano no es técnico. Es institucional. Es político. Es moral.
La gran verdad: Venezuela no necesita solo petróleo
Venezuela puede ser el hub energético de las Américas. Tiene las reservas, la ubicación geográfica, la experiencia histórica y el mercado natural. Pero para lograrlo necesita algo más importante que el petróleo. Necesita democracia. Necesita Estado de Derecho. Necesita seguridad jurídica. Necesita instituciones independientes. Necesita meritocracia. Necesita confianza. Porque el mundo sí quiere el petróleo venezolano. Pero los venezolanos queremos algo más grande que el petróleo: queremos libertad, justicia, prosperidad y dignidad. Y esa será la verdadera riqueza de la alborada democrática que vendrá para Venezuela.
