WASHINGTON.-El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, respondió al pedido del presidente, Donald Trump, para someter a juicio político al magistrado federal Boasberg, quien intentó detener sus planes de deportación, al dejar claro que no era una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre una decisión judicial: “Durante más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial.
El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
Trump dijo este martes que el juez federal que intentó detener sus planes de deportación debería ser sometido a un juicio político, lo que agravó su conflicto con el poder judicial.
Trump ha criticado sistemáticamente a los jueces, especialmente porque limitan sus esfuerzos por ampliar el poder presidencial e imponer su amplia agenda al Gobierno federal. Sin embargo, su solicitud de juicio político —una medida poco común que suele adoptarse sólo en casos de faltas éticas o penales graves— representa un enfrentamiento cada vez más intenso entre los poderes judicial y ejecutivo.
El presidente republicano describió al juez federal de distrito James E. Boasberg en Washington como un “alborotador y agitador” no electo en una publicación en Truth Social, su red social.
Boasberg emitió recientemente una orden que bloquea los vuelos de deportación al amparo de las autoridades de tiempos de guerra, basadas en una ley del siglo XVIII que Trump invocó para llevar a cabo sus planes.
“¡No ganó nada! Yo gané un mandato abrumador, por muchas razones, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón principal de esta victoria histórica”, escribió Trump. “Sólo hago lo que los votantes querían que hiciera. ¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser sometido a juicio político!”.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sólo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso.
Trump proclamó que la ley entró en vigor recientemente debido a lo que él afirmó fue una invasión de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Su Gobierno está pagando a El Salvador para encarcelar a presuntos miembros de la organización.
Boasberg, quien fue designado por el expresidente Barack Obama, convocó una audiencia el lunes para discutir lo que denominó un “posible desafío” a su orden, después de que dos vuelos de deportación continuaran hacia El Salvador a pesar de su orden verbal de que fueran devueltos a Estados Unidos.
Los abogados de la Administración Trump defendieron sus acciones, argumentando que la orden escrita de Boasberg no era explícita, mientras que un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirmó: “Creo que nos estamos acercando mucho” a una crisis constitucional.
La Constitución otorga a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una escasa mayoría, la facultad de destituir a un juez con una mayoría simple de votos. Sin embargo, al igual que en un juicio político presidencial, cualquier destitución requiere el voto de una mayoría de dos tercios del Senado.
La última publicación del presidente en redes sociales lo alinea más con aliados como Elon Musk, quien ha hecho demandas similares.
