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Reenvian para el próximo lunes otras medidas de coerción contra “El Detective” y “La Torita” por difamar a ministra de Interior y Policía Faride Raful

SANTO DOMINGO. -El conflicto entre figuras públicas y redes sociales llega hoy a los tribunales de la República Dominicana.

Dos juzgados de la instrucción del Distrito Nacional conocieron hoy por separado, solicitudes de coerción contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge, a raíz de querellas por difamación e injuria presentadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Ambos están acusados de difamación e injuria por divulgar contenidos digitales falsos relacionados con la vida privada de la funcionaria.

En el Primer Juzgado de la Instrucción, el Ministerio Público solicitó al juez Raymundo Mejía que imponga contra Martínez una fianza de dos millones de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Ángel Martínez una vez salió de los tribunales arremetio contra el gobierno, que según el comunicador está perdiendo el tiempo en vez de resolver los problemas neurargicos que afectan a la mayoría del pueblo dominicano.

Se recuerda que ya el comunicador y detective de origen dominicano tiene un grillete electrónico e impedimento de salida del territorio nacional por varios tibunales y uno de ellos , de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago  que impuso medidas de coerción por supuesta extorsión, difamación e injuria en perjuicio del empresario Arnulfo Gutiérrez.

En paralelo, el Sexto Juzgado de la Instrucción, presidido por la jueza Yanibet Rivas, conocerá el caso de Ingrid Jorge. En su contra, se solicita una garantía económica aún no especificada, presentación periódica e impedimento de salida.

Según las querellas, ambos acusados habrían difundido en plataformas digitales videos e informaciones que, de acuerdo con Raful, son falsas y atentan contra su honor. La funcionaria exige una compensación económica de 50 millones de pesos a cada uno.

Las publicaciones señaladas habrían circulado en canales de redes sociales con amplio alcance, lo que motivó a la ministra a querellarse y constituirse en actor civil en los procesos penales.

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