SANTO DOMINGO.-El Centro Correccional Las Parras ha iniciado operaciones formales desde hace dos semanas y empezó la pasada semana a recibir a los internos.
Con la mudanza de los primeros grupos, que incluyen personas con formación técnica como cocineros, electricistas y plomeros, arranca el final para la cárcel de La Victoria, históricamente una academia donde los presos se gradúan de delincuentes y en la que se planifican muchos de los peores crímenes del país.
Allí, en ese edificio iniciado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, sometido por corrupción, se espera reformar a miles de presos condenados y preventivos.
US$100 millones más cara
Aun así, Roberto Santana recordó que cuando le fue encomendada la planificación del sustituto de La Victoria, el proyecto tenía un presupuesto aproximado de 81 millones de dólares, pero a Danilo Medina le dijeron que eran 181 millones de dólares, 100 millones de dólares más.
Santana recordó que, cuando se le pidió una propuesta para sustituir La Victoria -que entonces albergaba unos 9,300 privados de libertad- planteó un modelo completamente distinto al que terminó construyéndose.
Su idea: aprovechar la circunvalación de Santo Domingo y levantar nueve cárceles de mil plazas cada una, distribuidas cerca de las comunidades donde viven las familias de la mayoría de los internos.
La clave económica estaba en el suelo: se iban a utilizar terrenos del estado que pertenecían a los ingenios Haina y Boca Chica. Es decir, no había que comprarlos.
Con esa base, Santana asegura que cada cárcel podía salir por 9 millones de dólares. Nueve centros costarían 81 millones de dólares; ocho, 72 millones. En pesos de 2016, recalca, la cifra total licitada para el proyecto rondaba los 3,400 millones de pesos.
El propio patronato tuvo que volver donde el mandatario con los planos y números de Santana en mano para explicar que el costo real proyectado era de 81 millones, menos de la mitad de lo que se había puesto sobre la mesa.
Millones, era la propuesta original de Roberto Santana para construir nueve cárceles alrededor de la Circunvalación.
Con esa corrección, el entonces presidente dio luz verde. La licitación, recuerda Santana, está colgada en el portal de la Procuraduría por alrededor de 3,400 millones de pesos. Pero no se siguió el plan original: no se construyeron nueve cárceles, sino un solo gigantesco complejo en un punto remoto de Guerra, Las Parras.
Cuando el nuevo gobierno recibe la obra en 2020, las autoridades salientes informan que ya se habían invertido 7,000 millones de pesos. De ese costo, 1,093 millones se fueron solo en movimiento de tierra. «Esto es un negocio», sentencia, al describir el costo de nivelar y preparar el terreno donde se levantaron.
En tanto que durante los Gobiernos de Abinader se ha invertido entre reparaciones, correcciones y rediseños 2,300 millones adicionales. Y eso, subraya Santana, sobre una estructura que hubo que intervenir en un 80 % por problemas de ejecución.
Por todas estas irregularidades, declara Santana: «Ese es un caso que está en la justicia, pero yo creo que al pueblo dominicano hay que resarcirlo».
Sin pie ni cabeza
Más allá del monto, Santana considera que la decisión estratégica fue equivocada desde la base: «Para mí fue catastrófico cuando me informaron que, iban a hacer todas las cárceles juntas en un sitio». A su juicio, concentrar en un solo punto a cerca de 10,000 internos, más el personal y las visitas, desafía criterios básicos de seguridad y salud pública.
Si se desata un virus agresivo, argumenta, el tránsito constante de familiares desde todo el país convertiría el complejo en un amplificador nacional del problema.
A esto se suma la distancia. Santana recuerda que el complejo fue levantado a varios kilómetros del límite municipal y a unos 72 kilómetros del Palacio de Justicia de la capital, lo que obliga a desplazamientos largos y costosos para audiencias y traslados. También está lejos del nuevo Palacio de Justicia del Este.
El diseño rompe, además, con las normas de Naciones Unidas sobre cercanía de los centros penitenciarios a las comunidades de origen de los internos, a servicios de bomberos, hospitales de referencia y redes de transporte. Justo lo contrario de lo que el propio Santana había defendido en su propuesta original.
Esa lejanía no es solo un problema para la justicia. Las familias de los internos lo sentirán en el bolsillo. Para ir a Las Parras desde Santo Domingo, la ruta natural obliga a atravesar el congestionado municipio de Guerra. «El tapón para cruzar ese pueblo y después llegar a Las Parras».
