SANTO DOMINGO, R.D.-La Policía Nacional dominicana parece haber continuado con su conocido festival de los llamados “intercambios de disparos”, y en apenas 72 horas, tres hombres han muerto en operaciones policiales ocurridas en San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este y San Cristóbal.
Dos de las nuevas víctimas cayeron el sábado 3 de octubre en hechos separados en Santo Domingo Este y San Cristóbal, mientras que el jueves 1 de octubre murió otro hombre, conocido como “Bombita”, durante un operativo en el sector El Brisal, de San Pedro de Macorís.
El panorama vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que sigue sin encontrar una respuesta convincente: ¿cuántos de esos supuestos intercambios de disparos son realmente enfrentamientos y cuántos requieren una investigación más profunda sobre el uso de la fuerza?
Septiembre terminó con 37 muertos
Durante septiembre, al menos 37 personas murieron en hechos que la Policía Nacional reportó como “intercambios de disparos” con agentes de la institución.
La cifra representó una parte significativa de los casos registrados durante el año.
El número 37, precisamente, coincide con el artículo de la Constitución de la República Dominicana que consagra el derecho a la vida y establece que este es inviolable desde la concepción hasta la muerte.
El mismo artículo dispone, además, que en ningún caso podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse la pena de muerte.
Y aquí aparece otra pieza constitucional que no puede ser echada al zafacón.
El artículo 127 establece el juramento presidencial, mediante el cual el presidente de la República se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como a respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Las tres nuevas víctimas
El sábado 3 de octubre, la Policía Nacional informó la muerte de dos hombres en hechos separados ocurridos en Villa Duarte, Santo Domingo Este, y en San Cristóbal.
En Villa Duarte murió Juan Carlos Ventura García, de 39 años, quien, según la Policía, era buscado mediante dos órdenes de arresto por casos de robo y otros delitos y tenía registros por robo, asociación de malhechores y robo agravado.
La institución informó que Ventura García murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Darío Contreras, después de un supuesto enfrentamiento con agentes de la DICRIM. Pero fuentes de ese centro informaron anoche, que el hombre llegó muerto.
En San Cristóbal murió Edgar Yomerbi Pinales, alias “El Jefe”, de 26 años, señalado por la Policía como presunto cabecilla de una banda dedicada al despojo de motocicletas a mano armada en la autopista 6 de Noviembre y zonas aledañas.
Según la institución, Pinales era buscado mediante la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-03387, por violación de los artículos 379 y 382 del Código Penal, y estaba vinculado a varios despojos de motocicletas registrados durante septiembre.
La Policía sostuvo que, al ser localizado en el sector El Peñal, Canastica, habría disparado contra los agentes de la DICRIM, quienes repelieron la agresión. El hombre murió posteriormente mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina.
En la escena, según el reporte policial, fueron ocupadas una pistola Ruger calibre 9 milímetros, de numeración ilegible, y una motocicleta marca Jincheng 100, evidencias que serían analizadas por la Policía Científica.
En San Pedro de Macorís cayó “Bombita”
La tercera muerte ocurrió el jueves 1 de octubre en el sector El Brisal, de San Pedro de Macorís.
El fallecido fue identificado en reportes posteriores como Samuel Antonio Brook de los Santos, alias “Bombita” o “Piti”, de 22 años.
De acuerdo con las informaciones preliminares, era buscado por su presunta vinculación con robos y otros hechos delictivos, y fue localizado durante un operativo de agentes de la DICRIM.
Según la versión preliminar atribuida a las autoridades, “Bombita” habría enfrentado a los agentes durante la intervención y resultó herido. Posteriormente falleció.
También se informó que durante el operativo fueron recuperadas tres motocicletas.
No obstante, al momento de divulgarse las primeras informaciones, todavía no estaban esclarecidas públicamente todas las circunstancias del hecho.
Por tanto, en la República Dominicana no existe la pena de muerte. La Policía está llamada a perseguir el delito, apresar a los sospechosos y ponerlos a disposición de la Justicia, no a convertir cada operativo en una sentencia de muerte ejecutada en la calle.
Una historia que ya tiene demasiados capítulos
Desde hace años, las estadísticas sobre personas muertas en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales han generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad.
Solo en los primeros seis meses de 2026, los registros citados por la prensa contabilizaban al menos 146 personas muertas en hechos reportados bajo esa modalidad.
Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente la cantidad. Es que algunos casos posteriores han demostrado que la versión inicial del supuesto “intercambio” no necesariamente coincide con lo que muestran las evidencias.
El caso de los tres hombres de la cabaña
Un ejemplo que todavía pesa en la memoria ocurrió el 29 de diciembre de 2023, durante la jefatura del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Ese día, agentes de la DICRIM mataron en una cabaña del kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo a Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Buten y Joel Emilio Rodríguez Silva. Los dos primeros pertenecían a la Armada de República Dominicana y estaban vinculados a la DNCD; el tercero era civil, agente de la DNCD.
La versión policial de entonces sostuvo que habían sido recibidos a tiros y que tuvieron que repeler la agresión.
Sin embargo, posteriormente circularon videos en los que se observaba a los hombres siendo detenidos con vida y montados en una yipeta negra antes de aparecer muertos en la cabaña.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron públicamente la versión oficial y reclamaron una investigación. Pero, nada ha pasado. Eso se quedó así.
El propio Guzmán Peralta llegó a declarar posteriormente que el caso estaba bajo investigación y que, mientras no concluyeran las pesquisas, no podía ofrecer mayores declaraciones.
En la Barranquita, otro “intercambio” que dejó 5 muertos
En septiembre de 2025 ocurrió otro episodio que puso en entredicho la tradicional explicación policial.
Cinco hombres murieron durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, en el sector La Barranquita, en Santiago.
La versión inicial de la institución fue que se había producido un intercambio de disparos.
Pero posteriormente, el Ministerio Público presentó evidencias que contradecían esa versión. Los análisis de balística y residuos de pólvora incluidos en el expediente de medida de coerción indicaron que ninguna de las cinco víctimas había disparado armas de fuego. Once agentes policiales fueron arrestados en relación con el caso. Pero el caso duerme en los tribunales. Nunca se identificó quien dio la orden de «pónganlo en 29»
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, llegó a señalar que las pruebas recabadas apuntaban a que las muertes constituían una ejecución extrajudicial, no un simple enfrentamiento.
Es decir, otra vez las evidencias obligaron a mirar el famoso “intercambio” con una lupa mucho más grande.
La Vega: las manos arriba y las balas
Y en junio de 2026 apareció otro caso que estremeció a la opinión pública.
Un video difundido ampliamente mostró a Marky Abraham García Gil, alias “Maiky”, con las manos levantadas durante una intervención policial en el sector El Hatico, de La Vega.
Las imágenes muestran al joven levantando las manos antes de recibir los disparos. La Policía informó posteriormente que investigaría el caso junto con el Ministerio Público. Pero, nada ha pasado.
Aquí tampoco basta con repetir la palabra “intercambio”.
Cuando existe un video, cuando existen testigos y cuando existen evidencias físicas, corresponde investigar hasta determinar exactamente qué ocurrió.
El problema no es perseguir delincuentes… es cómo se les enfrenta
Que nadie interprete esto como una defensa de la delincuencia.
El Estado tiene el deber de perseguir a quienes delinquen, capturarlos y llevarlos ante los tribunales. Los agentes policiales también tienen derecho a defender sus vidas cuando son atacados.
Pero una democracia no puede acostumbrarse a que la explicación de una persona muerta sea, automáticamente, que se trató de un “intercambio de disparos”.
La palabra “intercambio” no puede convertirse en una especie de salvoconducto para cerrar una investigación.
- Si hubo disparos, que se determine quién disparó.
- Si hubo armas, que se practiquen las pruebas balísticas.
- Si hubo cámaras, que se revisen.
- Si existen videos, que se incorporen a la investigación.
- Si hubo testigos, que sean escuchados.
- Y si un agente actuó correctamente, que las evidencias lo demuestren.
Pero si alguien fue ejecutado después de estar bajo control policial, también debe determinarse y establecerse la responsabilidad correspondiente.
Porque la Constitución no dice que el derecho a la vida pertenece solamente a los ciudadanos que nunca han cometido un delito.
La vida es un derecho. Y la Policía debe combatir el crimen dentro de la ley, no sustituir a los tribunales.
Ahí está el verdadero meollo del asunto.
Ni ejecuciones extrajudiciales ni impunidad. Perseguir, investigar, apresar y someter a la Justicia. Ese debe ser el camino.
Cámaras que nunca aparecen
Y mientras se repiten los llamados “intercambios de disparos”, también queda en el aire otra promesa: las cámaras corporales que se anunció serían colocadas a los agentes policiales para grabar sus intervenciones y aportar transparencia a los procedimientos.
Hasta ahora, su utilización no ha producido los resultados esperados ni se ha convertido en una herramienta efectiva para esclarecer estos casos ante la opinión pública.
Una reforma que no termina de arrancar
Y ahí vuelve a aparecer el fantasma de una reforma policial que, pese a los anuncios, inversiones millonarias y promesas de modernización, no ha logrado impedir que se repitan viejas prácticas.
Si la reforma pretendía transformar la actuación policial, profesionalizar los procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana, los cuestionamientos que siguen rodeando los supuestos intercambios de disparos indican que todavía queda mucho camino por recorrer.
Porque una reforma policial no se mide por la cantidad de anuncios ni por los uniformes nuevos, sino por lo que ocurre cuando un agente desenfunda su arma frente a un ciudadano.
