WASHINGTON. -Y es que el juez federal que el sábado bloqueó el traslado cuando se llevaba a cabo en tres aviones de EE.UU. a la nación centroamericana, convocó a una audiencia para que el Gobierno explique por qué lo ejecutó pese a que había ordenado cancelarlo.
El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante los argumentos del gobierno del republicano de que sus indicaciones verbales no importaban y que solo había que seguir su orden escrita, que no podía aplicarse a vuelos fuera de Estados Unidos.
“Eso es una barbaridad, creo”, respondió Boasberg, señalando que el gobierno sabía mientras los aviones partían que él estaba celebrando una audiencia sobre si detener brevemente las deportaciones que se estaban realizando en virtud de una ley del siglo XVIII raramente utilizada e invocada por Trump alrededor de una hora antes.
“Solo le pregunto cómo cree que mis poderes no se aplican a un avión que ha salido de EEUU, aunque esté en espacio aéreo internacional”, añadió Boasberg en otro momento.
El fiscal general adjunto, Abhishek Kambli, alegó que solo contaba la breve orden escrita de Boasberg, emitida unos 45 minutos después de su petición verbal. No contenía ninguna exigencia de dar marcha atrás a los aviones, y Kambli añadió que era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían salido de EEUU en ese momento.
El gobierno del presidente Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.
Boasberg le dijo a un abogado del Departamento de Justicia durante la tensa audiencia que quería que el gobierno presentara este martes antes del mediodía respuestas a sus preguntas sobre los vuelos de deportación, incluidas las horas específicas en que abandonaron el espacio aéreo estadounidense, aterrizaron en países centroamericanos y entregaron a sus ocupantes a naciones extranjeras.
Durante la audiencia, los abogados federales dijeron que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.
«Se trata de tareas sensibles y operativas de seguridad nacional”, dijo Kambli.
El juez también ordenó a Kambli que explicara por qué cree que esa información no puede ser compartida públicamente.
“Si está diciendo que es clasificada y no puede mostrármelo, entonces tendrá que hacer una buena demostración de por qué es así”, dijo Boasberg. “Me interesaría escuchar cuál es esa demostración”.
La audiencia sobre lo que Boasberg llamó el “posible desafío” a su orden judicial marcó el último paso en una lucha legal de alto riesgo que comenzó cuando el presidente Trump invocó la ley de 1798 en tiempos de guerra para expulsar a los inmigrantes durante el fin de semana.
También fue una escalada en la batalla sobre si el gobierno de Trump está desobedeciendo las órdenes judiciales que han bloqueado algunas de sus medidas agresivas en las primeras semanas de su segundo mandato.
Boasberg expresó que registraría los procedimientos y las demandas adicionales por escrito. “Voy a dejar constancia de esto en una orden escrita, ya que al parecer mis órdenes orales no parecen tener mucho peso”, dijo el juez.
El juez dijo que quiere que el gobierno le diga antes del mediodía del martes exactamente a qué hora cree que su orden de detener los vuelos de deportación entró en vigencia el sábado.
También quiere saber cuántas personas podrían en teoría estar cubiertas por el esfuerzo del presidente Trump de utilizar una ley de tiempos de guerra para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos.
Trump devuelve a Bukele a uno de los 14 ranfleros históricos de la MS-13
Tras el régimen, que ya alcanzó los tres años, Bukele ordenó la construcción del megapenal del Cecot, en el que ahora está López Larios y los presuntos miembros del Tren de Aragua, cuando en ese penal presuntamente deberían estar recluidos los pandilleros detenidos durante el régimen.
La realidad, sin embargo, es que en ese recinto están recluidos reos ligados a pandillas que cuentan con tres tiempos de comida e incluso rutinas de ejercicios, según la propaganda oficial y medios internacionales que han logrado autorización para ingresar al recinto.
Mientras, en los otros centros penitenciarios, sin acceso a prensa ni cámaras, existe una sobrepoblación carcelaria sin precedentes y organizaciones de derechos humanos denuncian la muerte de 370 personas bajo custodia del Estado, violaciones, torturas y tratos inhumanos contra las decenas de miles de capturados en el régimen.
