SANTO DOMINGO.– «Solo esperamos justicia», expresó Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina y señalado como principal cabecilla de la red, al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió para conocer el fallo del caso Antipulpo.
El Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión contra Medina, a quien se le acusa de encabezar un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, mediante una red de empresas vinculadas a los principales imputados, entre ellos exfuncionarios y colaboradores cercanos.
El Segundo Tribunal Colegiado continúa deliberando y ha solicitado a las partes y al público presente regresar a las 5:00 de la tarde para conocer la decisión.
Sobre el caso Antipulpo
El caso Antipulpo es considerado uno de los procesos por corrupción administrativa más significativos en la historia reciente del país, el cual involucra a exfuncionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
El expediente, que comenzó con una serie de allanamientos encabezados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha atravesado un largo proceso judicial con acusaciones formales en diciembre de 2021 y juicio de fondo iniciado en septiembre de 2023.
Bajo la gestión inicial de la procuradora Miriam Germán Brito y la conducción actual de Yeni Berenice Reynoso, el caso se ha convertido en uno de los más complejos y mediáticos de la última década.
Para varios imputados, las penas solicitadas oscilan entre cinco y tres años de prisión, además de multas, decomiso de bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por una década.
Sobre la acusación
Según la acusación, Alexis Medina habría creado un entramado de empresas y testaferros para obtener contratos millonarios con el Estado mediante tráfico de influencias, falsificación de documentos, simulación de contratos y lavado de activos, entre otros delitos.
La red, de acuerdo con la fiscalía, operó en complicidad con funcionarios y representantes del sector público y privado, desviando cuantiosos recursos del erario.
