WASHINGTON.-El inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) fue despedido ayer, un día después de que su oficina publicara un informe que detalla el impacto negativo de la dramática reducción del organismo por parte del gobierno de Donald Trump, según una carta obtenida por NBC News.
Paul Martin, inspector general de la USAID desde 2023, fue notificado de su despido por correo electrónico.
«En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su puesto como Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha sido eliminado, con efecto inmediato», informó Trent Morse, subdirector de la Oficina de Personal Presidencial, a Martin en un correo electrónico obtenido por NBC News. «Gracias por su servicio», agregó.
CNN informó primero sobre el despido de Martin.
El informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de la USAID, dirigida por Martin, advirtió sobre los peligros asociados con la brecha en la dotación de personal, incluida una falta de supervisión que puede dejar a la agencia «susceptible a financiar inadvertidamente entidades o salarios de individuos asociados con organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos».
También describió la incertidumbre que rodea a las exenciones para asistencia vital emitidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, que según dijo ponen «más de $489 millones en asistencia alimentaria en puertos, en tránsito y en almacenes en riesgo de deterioro, necesidades de almacenamiento imprevistas y desvío».
Martin informó a su personal sobre su destitución poco después de recibir la notificación de despido.
USAID estaba financiando a más de 6200 periodistas en 707 medios de comunicación y 279 ONGs “periodísticas”, incluyendo nueve de cada diez medios de comunicación en Ucrania.
En su artículo «Press Freedom Under Threat» (2023), revelado por el sitio Wikileaks, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) despliega un relato heroico en «aparente» lucha contra la censura y su apoyo a medios clasificados como «independientes» como garantes de la democracia. Sin embargo, detrás de este altruismo, ahora se descubre toda una estrategia sofisticada de injerencia en el ecosistema mediático mundial.
Trama de USAID: mercenario ofrece información a Musk sobre la corrupción de Guaidó-López
Según el informe de la USAID se destinaron $3.200 millones desde 2010 a programas de «fortalecimiento mediático» en 70 países, con énfasis en regiones estratégicas como Europa del Este, América Latina y África. Estos fondos, canalizados a través de ONG como Internews, International Center for Journalists (ICFJ) o Freedom House, se justifican como defensa contra «regímenes autoritarios».
En los criterios de selección de beneficiarios solo reciben apoyo organizaciones que alinean su agenda con prioridades de política exterior estadounidense. Un ejemplo ilustrativo, entre miles, ocurrió en Nicaragua cuando el medio «Confidencial» —financiado por USAID y la NED— fue clave en la cobertura de las protestas de 2018, promoviendo un relato alineado con la narrativa de «cambio de régimen» impulsada por Washington. Mientras, medios críticos con la oposición violenta y apegados a la realidad de los hechos, fueron excluidos posteriormente de programas de capacitación y subsidios.
El caso de los «periodistas fellows»
El documento filtrado refleja como la USAID presume de formar a 12.000 periodistas al año en «estándares éticos y técnicas innovadoras». No obstante, estos programas priorizan la enseñanza de herramientas digitales vinculadas a plataformas estadounidenses (Google, Meta) y enfoques editoriales que refuerzan la visión occidental de derechos humanos, seguridad y democracia.
En Ucrania, el proyecto Media Deep Dive (2021-2023), con $15 millones de USAID, entrenó a periodistas en «desmentir propaganda rusa». Si bien esto parece legítimo en contexto de guerra, el programa excluyó a medios que cuestionan el historial de corrupción del gobierno ucraniano o el rol de empresas militares estadounidenses en el conflicto.
Con $268 millones congelados por la administración Trump en 2020 —y restablecidos bajo Biden—, medios locales y periodistas entrenados por USAID se alinearon con la narrativa prooccidental, especialmente tras la Operación Especial de Rusia. Desde entonces el 90% de la información procedente de Ucrania está influenciada por este esquema.
El informe de USAID filtrado también señala una presunta «represión» a periodistas en China, Rusia o Venezuela, pero omite su silencio cómplice ante abusos de aliados como Arabia Saudita, Israel o Colombia. Peor aún, organizaciones financiadas por USAID suelen evitar investigar temas sensibles para Estados Unidos, como, por ejemplo, el impacto de bases militares en Okinawa (Japón) Guantánamo (Cuba) o la extracción de litio en Argentina por empresas norteamericanas.
Es emblemático el rol de los medios que funcionan como ONG mediáticas, denominados también como alternativos que están asociados a proyectos de USAID. También las ONG que, bajo el paraguas de la lucha ambientalista, por los derechos indígenas, incluso deportivos, reciben los fondos para su funcionamiento y que en muchos de los casos son vitales para su funcionamiento.
En este sentido, la USAID afirma promover «medios diversos», pero su modelo margina proyectos comunitarios, indígenas o anticapitalistas que rechazan su financiamiento por principios. En Bolivia, el medio Red Patria Nueva perdió visibilidad al negarse a participar en talleres de USAID, mientras competidores «capacitados» por IREX acapararon espacios públicos. Una estrategia similar está dirigida hacia Venezuela.
Cuando el financiador dicta la noticia
La reciente revelación de la inyección de millones de dólares a medios como POLÍTICO, Associated Press (AP) y la BBC —bajo el paraguas de USAID— muestra el sistema de influencia mediática de alcance global de Washington. Según documentos filtrados por WikiLeaks y un análisis publicado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), detalla que USAID financia a más de 6.200 periodistas en 707 medios y 279 ONG «mediáticas» en más de 30 países. Estas cifras, extraídas de una hoja informativa retirada por USAID en 2023, revelan un alcance masivo.
El presupuesto asignado por el Congreso para 2025 —$268.3 millones destinados a «medios independientes»— pone el foco en la prioridad geopolítica estadounidense en moldear narrativas en zonas estratégicas. Sin embargo, como señala el Columbia Journalism Review, este modelo no fortalece el periodismo, sino que lo somete a una lógica de dependencia.
El caso de POLÍTICO fue escalando en los medios estadounidenses. Según USASPENDING.gov, este medio recibió millones de dólares de agencias estadounidenses durante los años de Biden. Su cobertura durante las elecciones de 2020 —incluyendo el polémico artículo de los «51 oficiales de inteligencia» que desacredita el escándalo de la laptop de Hunter Biden— fue señalada como propaganda partidista.
Pero el escándalo mayor estalló en 2021 cuando POLÍTICO fue vendida al conglomerado alemán Axel Springer por $1.000 millones, usando fondos de contribuyentes estadounidenses para apuntalar su expansión. Como denuncia ZeroHedge, el dinero público terminó financiando un «gigante mediático extranjero», cuyos intereses editoriales «priorizan agendas transatlánticas».
La BBC del Reino Unido y el New York Times también aparecen en la lista de beneficiarios. La primera recibió $3.2 millones, y la segunda $3.1 millones de fondos federales, según datos oficiales.
RSF advierte que la dependencia de la ayuda estadounidense ha «sumido en el caos al periodismo global». Medios críticos que rechazan estos fondos —por temor a perder autonomía— enfrentan asfixia económica, y muchos han sido atacados por los propios medios financiados por USAID, acusándolos de «desinformación» o «propaganda».
Ejemplo paradigmático es el de medios latinoamericanos como TeleSUR, señalados por POLITICO y AP como «voceros de regímenes autoritarios», mientras sus contrapartes financiadas por USAID gozan de etiquetas como «medios independientes verificados». La línea entre periodismo y activismo se difumina cuando el dinero define quién tiene voz.
