SANTO DOMINGO. -La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional impuso presentación periódica e impedimento de salida como medida de coerción al investigador Ángel Martínez, por una querella interpuesta por el diputado Gory Moya, por difamación e injuria.
La disposición la emitió el juez Julián Vargas, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Más temprano, Ángel Ramón de Jesús, representante legal de Martínez, dijo que su defendido fue detenido el lunes por las autoridades dominicanas a bordo del crucero MSC World America, en Puerto Plata.
«Se encuentra detenido, a raíz de una presunta difamación a través de medios electrónicos, y es relacionado al caso que se está ventilando ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, que es relacionada al diputado (Sergio) Gory Moya«, manifestó el jurista Carlos Mesa.
El tribunal también aplazó para el próximo 26 de junio la audiencia de seguimiento al caso entre Martínez y el legislador de la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
“Eso es injusto, yo tengo más de 55 años con una misma dirección, mi residencia”, aseguró Martínez.
Martínez, acusado de cometer supuestos delitos de alta tecnología, fue apresado este lunes en Puerto Plata cuando intentó abandonar el país en un crucero que había partido de esa ciudad.
En su contra pesa una querella por supuesta difamación, injuria y delitos de alta tecnología que interpuso el diputado Sergio Moya en 2021.
Una demanda por difamación e injuria también fue interpuesta contra él en 2020 por el hoy presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez .
La exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, se querelló también contra el comunicador Ángel Martínez, quien fue detenido ayer por rebeldía por su ausencia a las audiencias de otras acciones legales en su contra por difamación e injuria.
De Camps Germán está representada por seis abogados, quienes interpusieron la querella con constitución en actor civil en contra Martínez y otras cinco personas.
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales que violentan el derecho a la dignidad humana e integridad. Según la querella, la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
La demanda incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$10,000,000.00, a ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Las otras personas que serán perseguidas judicialmente son, además de Ángel de Jesús Martínez Jiménez, son Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer.
