WASHINGTON.-La Administración del presidente, Donald Trump, tuvo ayer viernes otro revés judicial luego de que un juez federal en Boston (Massachusetts) emitiera un bloqueo temporal a las deportaciones de inmigrantes a países con los que no tienen relación previa sin antes permitirles alegar si enfrentarán tortura o persecución, según documentos judiciales.
La orden del juez de distrito Brian Murphy surge de una demanda presentada el domingo por organizaciones que representan a inmigrantes que buscaban detener su traslado exprés a un tercer país, pero además abarca a aquellos con órdenes de deportación a naciones como El Salvador, donde más de 200 personas fueron deportadas para ser encarceladas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megaprisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Murphy alegó que los inmigrantes deben ser notificados por escrito y se les debe dar la oportunidad «significativa» de presentar una declaración basada en su miedo de ser deportados a otra nación que no sea la designada por una Corte de Inmigración.
La orden bloquea el traslado de «cualquier individuo sujeto a una orden final de deportación de Estados Unidos a un tercer país distinto al designado para remoción en los procedimientos de inmigración» a menos y hasta que se le notifique por escrito de la decisión y tenga oportunidad de presentar una aplicación con base en la Convención contra la Tortura ante los tribunales de inmigración, y si se presenta, deben esperar que se emita una decisión ante dicha aplicación.
El Departamento de Justicia argumentó que permitir que los inmigrantes desafíen la deportación a un tercer país tras perder sus casos de inmigración interferiría con la aplicación de la ley, informó por su parte la agencia The Associated Press.
Murphy, quien fue designado por el expresidente Joe Biden, falló a favor de los grupos de defensa, entre ellos la National Immigration Litigation Alliance, y su orden se aplica solo de manera temporal mientras las cortes siguen decidiendo sobre el caso.
La decisión del magistrado llega el mismo día que la Administración Trump pidió a la Corte Suprema que le permita usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones aceleradas, luego de que el juez federal James Boasberg bloqueara su uso, lo que los ha sumido en una batalla legal tras el envío de cientos de migrantes venezolanos a una cárcel de El Salvador.
Boasberg había ordenado que cualquier vuelo con inmigrantes regresara inmediatamente a Estados Unidos: el Gobierno sigue sin explicar si los aviones a El Salvador partieron tras su decisión o por qué no volvieron cuando lo ordenó; tampoco ha aclarado cómo determinó que los deportados pertenecían a la pandilla Tren de Aragua.
