Por Antonio Ledezma
Hablar de presos políticos, amnistías o liberaciones en la Venezuela actual constituye un profundo contrasentido. Resulta discordante clamar por la restitución de derechos en un territorio donde las cárceles operan bajo un patrón sistemático de tortura, donde cientos de ciudadanos permanecen tras las rejas por motivos de conciencia y donde la persecución estatal se ha perfeccionado mediante un mecanismo perverso: la metáfora de la puerta giratoria. Mientras unos pocos escapan al cautiverio bajo condicionamientos extremos, nuevos disidentes son encarcelados para mantener las cuotas de control y terror que la dictadura exige para perpetuarse.
Esta realidad no es fortuita ni reciente. Es el resultado de un proceso de erosión democrática y persecución institucionalizada que acumula casi tres décadas de ejecución. El origen de este quiebre institucional se remonta al ascenso de Hugo Chávez, quien inauguró una era de polarización mediante un férreo discurso de exclusión. Aquella narrativa dividió intencionalmente a la nación entre ricos y pobres, oligarcas y revolucionarios, traidores y patriotas, dinamitando los puentes de cohesión social. Lo que comenzó como una retórica de confrontación verbal se codificó con los años en instrumentos punitivos como la llamada “Ley contra el Odio”, una herramienta jurídica diseñada no para pacificar, sino para criminalizar cualquier atisbo de disidencia o crítica al bloque de poder.
Para consolidar esta estructura de sumisión, el régimen promovió la tesis de una “revolución armada”, justificando la operatividad de estructuras de vigilancia y choque creadas a imagen y semejanza de los comités de la revolución cubana. La metamorfosis de estos grupos refleja la profundización del control social: nacieron como círculos bolivarianos, evolucionaron hacia los temidos colectivos y finalmente se institucionalizaron e integraron junto a las milicias. Estas organizaciones actúan como tenazas paraestatales de coacción, garantizando el sometimiento en las calles mediante la violencia y el espionaje comunitario.
Hoy, las cifras de la represión exponen la magnitud de la tragedia: centenares de presos políticos, entre civiles y militares, continúan privados de libertad de forma absoluta. Sin embargo, el universo de las víctimas de la persecución es aún más amplio y sangriento. Existe una masa silenciosa de miles de venezolanos que han perdido su libertad de manera parcial: aquellos sometidos a regímenes de presentación periódica ante tribunales, ciudadanos con prohibición de salida del país y millones obligados al destierro bajo el temor fundado de represalias si deciden volver a su patria.
Este esquema genera una desprotección jurídica total. Los ciudadanos enfrentan expedientes fabricados con pruebas falsas, convalidados de forma automática por funcionarios adscritos a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, transformando al sistema de justicia en un mero apéndice del régimen. Quienes permanecen bajo medidas cautelares viven bajo la zozobra de presentarse ante jueces militantes, viendo mutilada su capacidad para desarrollar actividades comerciales o profesionales debido al constante chantaje y a la extorsión institucional.
Hoy, la auditoría del horror arroja cifras innegables avaladas por la ONG Foro Penal: 391 prisioneros políticos permanecen tras las rejas, desglosados entre 228 civiles y 163 militares miembros de las fuerzas armadas, a los que se suman 40 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad sometidos al arbitrio del régimen. La dimensión trágica de este confinamiento se constata desde 2014 con la muerte documentada de al menos 27 presos políticos bajo la custodia del Estado, víctimas del horror de las torturas, los tratos crueles, la desnutrición y la denegación sistemática de atención médica.
Sin embargo, el universo de la persecución rebasa los muros carcelarios. Existe una masa silenciosa de más de 11.000 venezolanos sometidos arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad —como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódica y sistemáticamente ante los tribunales—, sumados a los millones forzados al destierro bajo el temor fundado de sufrir represalias si deciden regresar.
Este esquema genera una desprotección jurídica total. Los ciudadanos enfrentan expedientes fabricados con pruebas falsas, convalidados de forma automática por funcionarios adscritos a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, transformando al sistema de justicia en un mero apéndice del régimen. Quienes permanecen bajo medidas cautelares viven bajo la zozobra de presentarse ante jueces militantes, viendo mutilada su capacidad para desarrollar actividades comerciales.
Venezuela y los miles de presos políticos
Hablar de presos políticos, amnistías o liberaciones en la Venezuela actual es un profundo contrasentido en un territorio donde las cárceles operan bajo un patrón sistemático de tortura, cientos de ciudadanos permanecen tras las rejas por motivos de conciencia y la persecución se ejecuta mediante la perversa “puerta giratoria”: mientras unos pocos escapan al cautiverio bajo condicionamientos extremos, nuevos disidentes son encarcelados para mantener las cuotas de control que la dictadura exige para perpetuarse.
Esta realidad no es fortuita. Es el resultado de un proceso de erosión democrática que acumula casi tres décadas. Su origen se remonta al ascenso de Hugo Chávez, quien inauguró una era de polarización al dividir intencionalmente a la nación entre ricos y pobres, oligarcas y revolucionarios, dinamitando los puentes de cohesión social. Lo que comenzó como confrontación verbal se codificó con los años en instrumentos punitivos como la “Ley contra el Odio”, diseñada no para pacificar, sino para criminalizar cualquier atisbo de disidencia.
Para consolidar esta estructura de sumisión, el régimen promovió la tesis de una “revolución armada”, justificando grupos de vigilancia y choque a imagen de los comités cubanos. La metamorfosis de estas estructuras refleja la profundización del control social: nacieron como círculos bolivarianos, evolucionaron hacia los colectivos y finalmente se integraron a las milicias. Estas organizaciones actúan como tenazas paraestatales, garantizando el sometimiento en las calles mediante la violencia y el espionaje comunitario.
Hoy, la auditoría de la represión documentada por la ONG Foro Penal exponen cifras innegables: 391 prisioneros políticos (228 civiles y 163 militares), además de 40 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. A este horror se suma la muerte acumulada desde 2014 de 27 presos políticos bajo custodia del Estado, víctimas de torturas, tratos crueles, desnutrición y denegación de atención médica.
Sin embargo, el universo de las víctimas rebasa los muros carcelarios. Existe una masa silenciosa de más de 11.000 venezolanos sometidos a medidas restrictivas —como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante juzgados—, unida a los millones forzados al destierro bajo el temor fundado de sufrir represalias al regresar.
Este esquema genera una desprotección jurídica total. Los ciudadanos enfrentan expedientes fabricados con pruebas falsas, convalidados por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, reduciendo el sistema de justicia a un apéndice del régimen. Quienes permanecen bajo medidas cautelares viven en constante zozobra ante jueces militantes, viendo mutilada su vida profesional y económica por la extorsión institucional.
Para ampliar el contexto periodístico sobre el reporte de las cifras de detenidos en Venezuela, este reporte en video aborda la actualización constante del balance de prisioneros de conciencia: Balance de presos políticos de Foro Penal.
Nota de la Redacción: Cortesía de Solidaridad Internacional, Inc. y este periódico.
