SANTO DOMINGO.-La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso el jueves una medida de coerción consistente en el pago de una garantía económica de 500,000 pesos contra la artista urbana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida en el mundo del espectáculo como «Yailin La Más Viral».
La decisión judicial se produce tras la vinculación de la intérprete con la posesión ilegal de dos armas de fuego, halladas durante un procedimiento reciente.
Además de la garantía económica, el Ministerio Público había adelantado que solicitaría otras medidas como impedimento de salida del país, en el marco de una investigación que se mantiene abierta para determinar la procedencia de las armas y posibles responsabilidades penales.
Tras su detención el 24 de marzo, la artista fue trasladada a la Fiscalía de Santo Domingo Este y posteriormente a la cárcel preventiva de San Luis, mientras se conocía la solicitud de medidas de coerción.
El caso se suma a otros episodios legales en la trayectoria de la intérprete de música urbana, quien en años recientes ha estado envuelta en distintos conflictos judiciales tanto en República Dominicana como en el extranjero.
El equipo de defensa de la artista, encabezado por Randy Banks, aseguró que demostrará en los tribunales que las armas ocupadas no pertenecen a su clienta. “Vamos a demostrar ante la justicia que ella es inocente de los hechos que se le imputan”, afirmaron.
Los abogados explicaron que el momento del apresamiento de su defendida habían más personas y que no se puede confiermar que esas armas sean de La Más Viral.
De acuerdo con el expediente, Jorgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la artista, fue arrestada durante un operativo realizado en la calle Aris Azar, en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, mientras se encontraba a bordo de un vehículo de su propiedad.
Según el informe oficial, en el interior del vehículo fueron ocupadas dos armas de fuego: una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.
Las autoridades indicaron que ambas armas carecían de la documentación legal correspondiente, lo que sustenta la imputación en su contra por presunta violación a la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
