SANTO DOMINGO.-La desaparición de personas se ha convertido en una preocupación constante en República Dominicana, dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre y la desesperación, cuya crisis se ha agrabado desde hace diez años.
El caso más reciente, es el de la turista de la india, estudiante en los Estados Unidos, Sudiksha Konanki, de 20 años, cuyo paradero es desconocido, desde que se le vió en la playa del Hotel Riu en Punta Cana, en la República Dominicana, hace nueve días, dejando muy mal parado al país, ya que lo coloca en las primeras páginas de los periódicos internacionales.
La desaparición de Konanki se produce casi dos meses después de que cuatro turistas se ahogaran en Punta Cana, en la misma playa donde Konanki fue visto por última vez, según la agencia de protección civil de República Dominicana. Fuertes corrientes arrastraron a los turistas de la playa Arena Gorda, donde se ubica el Hhotel Riu República, informó la agencia de protección civil el 18 de enero en una publicación de Facebook.
Las autoridades dominicanas habían declarado previamente que estaban investigando la desaparición de Konanki como un ahogamiento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República indicó el pasado miércoles que también investigan si la desaparición de Konanki podría ir más allá de un posible accidente.
Otro sin dejar rastro es Joan Genao, un joven de 16 años que desapareció en octubre de 2024 al salir de un cibercafé en Santo Domingo Este, y Manuel Antonio Marte Rodríguez, un estudiante universitario de 22 años que desapareció en septiembre de 2022, han aumentado la alarma sobre este problema.
A pesar de los esfuerzos, la situación sigue sin una respuesta clara por parte de las autoridades.
Una cifra alarmante de desaparecidos
Frayla Méndez, representante de la Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas (Asodofade), destacó que en los últimos cuatro años se han reportado más de 2,000 desaparecidos, una cifra que contrasta con los 1,209 casos registrados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, en lo que va del año 2025, Asodofade ha reportado 500 desapariciones, y lo más vulnerables, que según Méndez, sigue creciendo. «Queremos visibilizar la gran cantidad de personas que están desapareciendo sin que las autoridades ofrezcan esperanzas», expresó Méndez.
El sistema de búsqueda y la falta de apoyo estatal
Miembros de Asodofade han denunciado la falta de un sistema eficiente para la localización de personas desaparecidas. Según la organización, no existen recursos adecuados para realizar una búsqueda profunda. «No nos están prestando atención», lamentan, señalando que, en muchas ocasiones, las autoridades no toman medidas inmediatas y preguntan a los familiares qué han averiguado por su cuenta.
El Departamento Antipandillas, encargado de estos casos, no cuenta con el personal necesario para atender la crisis, lo que ha dejado a muchas familias sin apoyo institucional adecuado. Asodofade ha creado su propio sistema de apoyo, utilizando redes sociales y grupos de WhatsApp para coordinar esfuerzos entre las familias.
Exigencia de la Alerta Amber
Una de las principales demandas de Asodofade es la aprobación del proyecto de ley de la Alerta Amber, un sistema de búsqueda que activa inmediatamente la difusión de información sobre personas desaparecidas a través de diversos canales de comunicación como radio, televisión, telefonía móvil y redes sociales. Esta ley, que busca reducir el tiempo de respuesta para la localización de personas vulnerables, se encuentra estancada en el Congreso Nacional desde 2022.
El sistema de Alerta Amber ya ha sido implementado con éxito en varios países, como Estados Unidos, México, España y otros, con resultados positivos en la rápida localización de desaparecidos. La implementación de este sistema en República Dominicana podría representar un cambio significativo en la forma en que se abordan los casos de desaparición en el país.
Familias siguen esperando respuestas
A pesar de las dificultades, las familias afectadas no pierden la esperanza y siguen luchando por respuestas. Los casos de Luis Ángel Gonzales Méndez, Alcibíades Portes y Ana Iris Román Martínez, entre otros, siguen sin ser resueltos, mientras las autoridades continúan sin ofrecer soluciones efectivas. Mientras tanto, Asodofade sigue su trabajo de visibilización y exigencia de justicia, esperando que la sociedad y el Estado tomen medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
En República Dominicana, la desaparición de personas es un fenómeno que, lejos de ser una percepción amplificada por las redes sociales, es una realidad tangible y alarmante.
Desde 2017 hasta 2024, se han reportado 1,722 desapariciones, y solo en 2024, hasta octubre, se presentaron 177 denuncias, según cifras oficiales. Sin embargo, estos números no reflejan la totalidad de los casos, ya que muchas desapariciones no son denunciadas por miedo, desconfianza en las autoridades o desconocimiento de los procedimientos.
Otro caso que llamo la atención, pero sin respuesta por parte de las autoridades es la desaparición de José Dolores Rodríguez, conocido como «Lolo» o «El Viejo Lolo», sigue sin rastro alguno, luego de que fuera reportado como desaprecido en Manabao, distrito municipal de Jarabacoa, en la provincia La Vega.
El hombre de la tercera edad fue visto por última vez días antes de la celebración de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2024. Según informaciones, vecinos lo observaron alejándose de su residencia y lograron detenerlo. Sin embargo, al día siguiente, sábado en la mañana, al acudir a visitarlo, ya no se encontraba en su hogar.
Esta infraestructura limitada es claramente insuficiente para responder con rapidez y eficacia a la creciente demanda de investigaciones. La falta de personal, sumada a la ausencia de protocolos unificados y herramientas tecnológicas adecuadas, dificulta la resolución de los casos y deja a las familias en una angustiosa incertidumbre.
Frente a esta situación, es fundamental la implementación de un protocolo moderno y estandarizado que permita una respuesta institucional eficiente. Actualmente, la fragmentación del proceso de denuncia hace que los familiares de desaparecidos enfrenten barreras burocráticas que retrasan las investigaciones.
Es urgente unificar los procedimientos de denuncia temprana, garantizando que cualquier entidad de seguridad pueda recibir y procesar la información de inmediato, sin dilaciones que comprometan la búsqueda. Las primeras 24 horas son fundamentales para preservar la vida y que no se borre la huella de las evidencias.
Además, la magnitud del problema exige un enfoque intersectorial que involucre no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y el sector privado. La desaparición de personas es un fenómeno complejo que responde a múltiples causas: violencia, trata de personas, problemas de salud mental, conflictos familiares y crimen organizado. Por ello, su abordaje debe ser integral.
Una solución clave para enfrentar esta crisis fue planteada en el “Diagnóstico de Desaparecidos 2017-2022” del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode, donde se presenta un análisis detallado, acompañado de sugerencias y recomendaciones.
Entre ellas, destaca la necesidad de crear la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una entidad especializada dentro del Poder Ejecutivo que trabaje bajo cuatro pilares fundamentales:
- Prevención y sensibilización sobre la problemática de las desapariciones.
- Formación especializada para los equipos de búsqueda e investigación.
- Infogracias en los destacamentos que orienten al ciudadanos y las agentes que recibien los casos.
- Manuales de procedimientos unificados
- Implementación de tecnología avanzada para agilizar la localización de personas.
- Atención integral a familiares, brindándoles apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento en el proceso de búsqueda.
El uso de la tecnología debe jugar un papel central en la modernización del sistema de búsqueda. La creación de una plataforma digital oficial permitiría centralizar la información de personas desaparecidas, mejorar la coordinación entre instituciones y facilitar la difusión de alertas en tiempo real.
Los desaparecidos no son una percepción, ni una simple tendencia en redes sociales. Sin embargo, a pesar de la evidencia y las estadísticas, las declaraciones oficiales han tendido a minimizar la crisis. Recientemente, el presidente Luis Abinader aseguró que “las desapariciones no han aumentado”, argumentando que la percepción pública ha sido distorsionada por la repetición de imágenes en redes sociales.
Aquí compartimos las cifras oficiales actualizadas hasta octubre de 2024. Estos datos provienen de la Policía Nacional; sin embargo, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la búsqueda de desaparecidos reportan números aún mayores, lo que indica que la crisis podría ser más profunda de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
La experiencia internacional ha demostrado que ignorar la magnitud de la crisis solo la agrava. En América Latina, varios países han adoptado mecanismos como la Alerta Amber, una propuesta que también fue presentada en el Congreso dominicano a través del diputado Jorge, ante el creciente número de casos. Desde el CESEDE, también se ha promovido la creación de unidades especializadas para enfrentar este desafío con mayor efectividad.
República Dominicana no puede quedarse atrás. La inacción gubernamental y la falta de estrategias concretas solo perpetúan el sufrimiento de las familias y la impunidad de estos casos.
El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), recientemente hizo un llamado a la acción. Las desapariciones en República Dominicana son una realidad que exige respuestas inmediatas.
La implementación de protocolos eficientes, la profesionalización de los investigadores, el uso de tecnología avanzada y la creación de una entidad especializada no pueden seguir siendo postergadas.
No se trata de percepción ni de alarmismo infundado. Se trata de vidas humanas y de familias desesperadas.
