WASHINGTON.-El juez federal James E. Boasberg dijo ayer miércoles que hay “causa probable” para declarar a funcionarios del Gobierno de Donald Trump en desacato por desobedecer su orden de no deportar a inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg aseguró que las acciones de la Administración republicana el 15 de marzo, cuando envió los primeros vuelos con más de 200 inmigrantes a una megaprisión de El Salvador, violaron su orden de que los vuelos no partieran hacia el país centroamericano.
Añadió que estas acciones “demuestran una indiferencia deliberada y son suficientes para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato”.
“El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni de manera apresurada. De hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones”, escribió Boasberg en un dictamen de 46 páginas. “Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
Boasberg ordenó que los aviones se devolvieran a territorio estadounidense, durante una audiencia de emergencia el sábado 15 de marzo, poco después de que la Casa Blanca hiciera público que Trump había firmado una orden ejecutiva que invocaba una ley del siglo XVIII para llevar a cabo deportaciones aceleradas de presuntos miembros de una pandilla venezolana.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA), que Estados Unidos solo ha usado en tiempos de guerra, está siendo empleada por la Administración republicana para expulsar a la prisión salvadoreña CECOT a inmigrantes a los que acusa de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
El envío de los vuelos dio lugar a una demanda de cinco venezolanos contra el Gobierno de Trump, cuyos abogados afirman que los inmigrantes no son pandilleros y que estaban siendo enviados a la prisión en El Salvador sin el debido proceso.
El juez emitió entonces su orden, suspendiendo las deportaciones que se llevaban a cabo únicamente bajo la autoridad de la AEA durante dos semanas mientras revisaba los asuntos legales.
La Corte Suprema revocó la semana pasada la decisión de Boasberg, al determinar que el juez con sede en Washington carecía de jurisdicción, ya que los deportados se encontraban detenidos en Texas. Boasberg afirmó que la revocación del fallo no significa que el Gobierno no pueda ser acusado de desacato.
La determinación de la Corte Suprema de que su orden “adolecía de un defecto legal no excusa la violación por parte del Gobierno. En cambio, es un precepto legal fundamental que toda orden judicial ‘debe ser obedecida’, sin importar cuán ‘errónea’ sea, hasta que un tribunal la revoque”, escribió Boasberg.
Venezolano solicitante de asilo fue enviado a la megacárcel de El Salvador mientras esperaba fallo
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla”, escribió Boasberg. “Permitir que dichos funcionarios ‘anulen libremente las sentencias de los tribunales de los Estados Unidos’ no solo ‘destruiría los derechos adquiridos en virtud de dichas sentencias’, sino que constituiría una ‘burla solemne’ de la propia Constitución”.
El juez añadió: “Si los demandados optan por tomar medidas para evitar que se les declare en desacato, deberán presentar, antes del 23 de abril de 2025, una declaración explicando las medidas que han tomado y tomarán” en el caso, escribió Boasberg este miércoles.
La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre el fallo del juez federal.
Con información de NBC News
