El senador de Peravia, Julito Fulcar, quien en el pasado exigió “todo el peso de la ley” contra la depredación en Las Dunas de Baní —orgullo histórico de los banilejos—, ahora encabeza una propuesta que, en la práctica, busca mutilar este patrimonio natural.
Un análisis paciente de su iniciativa revela una profunda y grotesca contradicción en la postura del legislador, cuyo imperativo principal es servir como gestor y promotor de los intereses de su provincia.
En su rol previo como diputado, Fulcar se posicionó como un férreo defensor de Las Dunas, criticando la “despreocupación” de las autoridades y pidiendo que se aplicara “todo el peso de la ley, sin contemplación” contra los “desaprensivos” que se llevaban la arena en camionadas.
Ahora, ese mismo legislador es quien propone reducir, recortar y amordazar los límites del Monumento Natural para acomodar a ocupantes ilegales.
La presunta intención de “preservar el patrimonio natural sin afectar a las familias que allí habitan” se desmorona ante sus propias palabras.
Es un doble discurso que, como ha señalado Listín Diario, es un “desacierto monumental” y un ataque contra el patrimonio natural de su propio pueblo.
El senador no está proponiendo una “delimitación”, sino un acto de mutilación. Aceptar que los límites pueden ser ajustados para legalizar asentamientos ilegales sería subvertir un pilar clave del ordenamiento jurídico dominicano.
El punto más contundente en contra de la propuesta es el principio de irreducibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), consagrado en el Artículo 30 de la Ley 202-04, que establece de manera categórica: “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es irreducible en cada una de sus partes y en su totalidad”.
La interpretación legal de este principio es clara: los límites de un área protegida no pueden ser alterados o reducidos para satisfacer intereses particulares, económicos o políticos, una vez que han sido legalmente establecidos.
La excusa de “regularizar asentamientos ilegales” es, en realidad, como enfatiza el decano de la Paseo de los Periodistas, “el caballo de Troya perfecto para legalizar un despojo y allanar el camino a intereses oscuros”.
Un choque frontal con la ley
La propuesta del legislador de Peravia no solo es moralmente incoherente, sino también jurídicamente insostenible y choca de frente con las leyes vigentes.
El argumento de que es necesario “definir los linderos” es una farsa. Los límites de Las Dunas de Baní están clara e inequívocamente establecidos por la Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas.
Para decirlo sin rodeos, lo que se persigue con la «delimitación de linderos» es la mutilación del área, no una simple aclaración técnica.
Basta recordar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución núm. 0005/2024, que ordenó “la paralización de construcciones, el desalojo y la desocupación” de las personas que afectan la integridad de Las Dunas.
La propuesta de Fulcar, que busca legalizar la permanencia de estos mismos ocupantes, es una maniobra política que intenta anular una acción legítima del Estado.
Si esta resolución se aprueba, se enviaría el catastrófico mensaje de que cualquier grupo, con suficiente presión, puede asentarse en un área protegida y forzar al Estado a reescribir las reglas a su favor. Esto es, en esencia, “la fórmula perfecta para la anarquía ambiental”.
Las Dunas de Baní son más que un simple paisaje; son un “muro de contención al mar” que protege a las zonas bajas del municipio de una intrusión salina.
Su destrucción no solo es una pérdida ecológica, sino una amenaza directa a la seguridad y la producción agrícola de la región.
Mientras la propuesta del perremeísta Fulcar busca debilitar la protección, otro senador, Milcíades Franjul, también del PRM, sometió en junio de 2024 un proyecto de ley para elevar la categoría de Las Dunas a Parque Nacional, buscando fortalecer su resguardo legal.
En marzo de este año, el joven diputado banilejo Luis Báez (El Muchachito) retomó, con evidente sinceridad, alejado del populismo roedor, la propuesta original de Franjul para la declaración de Las Dunas como Parque Nacional.
La sociedad civil y organizaciones como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) han rechazado “categóricamente” la propuesta de Fulcar, pidiendo al presidente Luis Abinader que la deseche de inmediato.
La solución al problema social de la comunidad de Salinas no puede ser la destrucción de un patrimonio de todos los dominicanos.
La propuesta, justificada bajo el paraguas del “pragmatismo social”, contradice sus propias declaraciones y establece un peligroso precedente: que la ocupación ilegal de un área protegida puede ser recompensada con la legalización si se ejerce suficiente presión política.
La aprobación de esta resolución no solo mutilaría un ecosistema único, sino que también socavaría la autoridad del Estado, invitaría a la anarquía ambiental y pondría en riesgo la integridad de todo el SINAP.
La ley prevé mecanismos como la asistencia técnica y los modos de compensación para abordar estas situaciones sin sacrificar un ecosistema único.
Es el momento de aplicar la ley, no de reescribirla.
