MIAMI.-El general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida, por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
Detalles de la Entrega
Fuentes confirmaron que Durán Jerez abordó un avión privado enviado por la DEA, quedando de inmediato bajo custodia de agentes federales. En la misma aeronave viajaban otras dos personas, cuyas identidades aún no han sido reveladas. Durán Jerez fue separado de la Policía Nacional en 2009 mediante el Decreto 161-09, firmado por el entonces presidente Leonel Fernández, bajo el alegato de «antigüedad en el servicio». Durante su carrera, ocupó funciones clave, como la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Seguridad Preventiva.
Acusaciones y Red Criminal
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tanto Durán Jerez como Herrera están vinculados a una presunta red de narcotráfico que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, con operaciones en Miami, República Dominicana y otras jurisdicciones. Esta red criminal ha sido objeto de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses, que han estado recopilando pruebas y testimonios para desmantelar la organización.
Contexto y Reacciones
La entrega de Durán Jerez a la DEA marca un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en la región. Las autoridades esperan que esta acción facilite la obtención de más información sobre las operaciones y los miembros de la red criminal, lo que podría llevar a más arrestos y decomisos de activos ilícitos.
Impacto en la Seguridad Regional
Este caso subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La colaboración entre las agencias de aplicación de la ley de diferentes países es crucial para desmantelar redes criminales que operan a través de múltiples jurisdicciones. La entrega de Durán Jerez a la DEA es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede facilitar la justicia y la seguridad en la región.

El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez se declararon culpables de tráfico de cocaína, como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses.
El acuerdo establece el compromiso de los imputados de cooperar plenamente con las autoridades en la presentación de información, testimonio veraz y completo que incluya documentos, registros y otras pruebas cuando se le solicite.
“Y si esta Oficina lo solicita, trabajar de forma encubierta bajo la supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público. Además, el acusado se compromete a no proteger a ninguna persona o entidad mediante información u omisión falsas, a no implicar falsamente a ninguna persona o entidad y a no cometer nuevos delitos”, dice parte del texto que fue firmado por ambos individuos.
Un tercer hombre, de nombre José Eduviges Aponte Torres, también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana al sur de la Florida.
El trío se declaró culpable de conspirar para traficar al menos cinco kilos de cocaína hacia Estados Unido. Otros cargos fueron retirados.
La acusación hace referencia a que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, se aliaron para conspirar y distribuir una sustancia controlada a territorio de los Estados Unidos.
Los confesos narcos se comprometieron a hablar ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial en el que se les requiera. “La comparecencia ante el gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, así como en reuniones, según lo requiera esta Oficina”, dice el texto firmado por el regidor del PRM y el general retirado de la Policía Nacional.
El primero en admitir su culpabilidad y negociar con las autoridades fue Aponte Torres, quien estampó su firma en el acuerdo el 18 de septiembre pasado. El acuerdo también está firmado por Genesis Peduto, su abogada, y Kevin Gerarde, fiscal a cargo.


