PANAMA.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de dos puertos en torno al Canal interoceánico operados hasta ahora por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática y cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
«Hasta que el fallo quede ejecutoriado se produce un período de continuidad del actual operador sin ningún cambio. Después comienza un período de transición que se culmina con una nueva concesión», afirmó Mulino en un mensaje a la Nación.
La nueva concesión «será un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños, con la garantía de mejores recursos para nuestro país», sostuvo.
Panama Ports Company (PPC) maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
Hay cinco puertos en torno al Canal. El de Balboa es el segundo con mayor movimiento de contenedores, 2,67 millones en 2025, mientras que el de Cristóbal es el quinto, con 1,1 millones.
José Raúl Mulino (Fuente externa)
En este contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, contra el contrato de concesión entre el Estado y la PPC, que desee hace años es objeto de muchas críticas por parte de sectores económicos y políticos locales, que lo consideran lesivo para el país.
Ya declarada la inconstitucionalidad del contrato de concesión «esperamos que la empresa (PPC), miembro de Hutchison Port y filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings, con presencia global y celosa de su reputación corporativa, colabore abiertamente en esta etapa» que comienza de cara a la transición de la operación de los puertos situados en torno al canal, dijo Mulino.
«El Estado panameño es garante de la defensa de los derechos que le asisten, por Constitución y la ley, a la empresa, y también será fiscalizador de las obligaciones contractuales que le corresponden, hasta que culmine el periodo de transición», agregó.
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Mulino anunció además que APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos), asumirá transitoriamente la operación de los puertos, hasta que se realice la nueva concesión.
APM Terminals Panama «ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo».
El presidente panameño garantizó a los clientes y proveedores de los puertos de Balboa y Cristóbal «la continuidad de los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada», y a los trabajadores «que no se producirán despidos».
«Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin alteración, y continuaremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos», concluyó.
Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal por la presencia CK Hutchison, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en 2025 con recuperar la vía acuática, construida y operada por EE.UU. en el siglo pasado, hasta su traspaso al Estado panameño hace 25 años.
Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que «es y seguirá siendo panameña», en palabras de Mulino.
