SANTO DOMINGO.-La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) se mantiene a la expectativa de lo que pudiera ocurrir en la reunión del Consejo del Poder Judicial, pautada para este martes, convocada tras la convocatoria a paro para el 21 de mayo, en demanda de la mejora de sus condiciones laborales.
La magistrada Isis Muñiz, presidenta de la agrupación, afirmó que, a pesar de que han estado demandado reivindicaciones desde el año 2022, no han recibido una propuesta de parte del Poder Judicial que responda a sus reclamos.
En ese sentido, lamentó que no se haya concretado un diálogo de doble vía, pese a los múltiples intentos de comunicación y solicitudes de información amparadas en la ley de acceso a la información pública, incluyendo intimaciones formales.
«Asojurd desde el año 2022 viene dirigiéndose por los canales institucionales: el Consejo del Poder Judicial, Inspectoría, la Comisión de Ética… y la respuesta ha sido el silencio», expresó la magistrada este martes durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.
Muñiz señaló que los jueces enfrentan una situación que calificó como «agobiante», marcada por altos niveles de sobrecarga laboral, riesgos en el ejercicio de sus funciones y condiciones operativas precarias, especialmente en las jurisdicciones de paz donde un mismo juez puede asumir múltiples tribunales.
Crisis institucional
En cuanto a la gestión institucional, Muñiz cuestionó la efectividad del Consejo del Poder Judicial, al que calificó como inoperante.
En ese contexto, denunció decisiones administrativas que, a su juicio, han afectado la carrera judicial, incluyendo procesos de digitalización y reorganización interna que, según dijo, han modificado la categorización de los jueces, lo que ha generado incertidumbre sobre la especialización de sus funciones.
La jueza también criticó el uso de recursos dentro del sistema judicial, señalando gastos significativos en actividades institucionales, seguros médicos internacionales y otros beneficios que, según afirmó, no siempre cuentan con justificación legal o priorización adecuada frente a las necesidades del sistema.
