SANTO DOMINGO.-El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana, se encuentra actualmente fuera de prisión, aunque fue condenado a 20 años por violación sexual incestuosa contra su hijastra de once años.
La sentencia, dictada en 2019 y confirmada por tribunales superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia en 2022, permanece vigente. Sin embargo, el recurso de apelación que podría revocar el permiso laboral que facilitó su liberación aún no ha sido resuelto, tras registrar siete aplazamientos.
La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal ha fijado una nueva audiencia para el 30 de julio a las 9:00 de la mañana. En esta ocasión, el tribunal advirtió que “no habrá más suspensiones” y solicitó a Santana que cuente con representación legal, en caso de que su actual defensora no pueda asistir debido a motivos de salud.
Según lo informado por Diario Libre, Santana salió del centro penitenciario de Azua el 6 de junio de 2025, después de cumplir siete años de pena.
Conforme a la condena, le restan 13 años por cumplir. La autorización para salir de prisión se concedió mediante un permiso laboral avalado por el Colegio de Abogados de República Dominicana, bajo la premisa de que el condenado impartiría docencia en la sede de la entidad. El juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, dispuso que Santana permaneciera en las instalaciones del CARD durante los días laborables, y que los fines de semana y feriados estuviera bajo arresto domiciliario.
El proceso del permiso laboral y su revocación
Tres meses después de otorgado el permiso, el Colegio de Abogados retiró su aval cuando el caso se hizo conocido públicamente. A pesar de este retiro, Santana no regresó a prisión.
La solicitud para aprobar otro garante fue presentada por los abogados José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, aunque en la etapa más reciente del proceso solo Ramírez Orozco continúa como representante legal.
La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal fijó para el 30 de julio una audiencia clave sobre la apelación del permiso laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)El expediente señala que la permanencia de Santana fuera de prisión responde a que el recurso contra el permiso laboral no ha sido tratado aún por el tribunal.
Antecedentes judiciales y situación actual
El proceso penal contra Santana tuvo inicio en 2018, en un contexto de denuncias sobre la investigación y traslados de la víctima a diferentes colegios. En noviembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la condena por violación sexual incestuosa y abuso psicológico. Las instancias superiores confirmaron la decisión, incluida la Suprema Corte de Justicia en 2022.
El caso continúa pendiente de una decisión respecto a la apelación sobre el permiso laboral, mientras Santana permanece en libertad bajo las condiciones establecidas y a la espera del próximo pronunciamiento judicial.
Condenas por delitos sexuales marcan el ritmo en los tribunales
Las condenas por delitos sexuales se han convertido en una constante más notoria en este 2026.
Lejos de tratarse de ataques fortuitos, la revisión de cada caso revela que el abuso opera bajo patrones de conducta criminal que se repiten con alarmante exactitud en distintas demarcaciones del país.
Patrones
Al cruzar los datos de los expedientes, el primer patrón indiscutible se concentra en las edades de las víctimas, con una alarmante vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia temprana.
Es precisamente en este segmento donde los victimarios encuentran un terreno fértil para establecer dinámicas de manipulación, aprovechando la inmadurez emocional de las menores para distorsionar su percepción del peligro y anular su capacidad de defensa inmediata.
Agredidas varias veces
El análisis de estas condenas destruye la idea de que estos delitos no siempre ocurren como eventos aislados.
Relatos periciales presentados ante los jueces demostraron que algunas de las víctimas sufrieron abusos repetidos por espacios prolongados de entre tres y cinco años a manos de la misma persona.
Entre los expedientes se mantenía una adolescente de 13 años que, según el fallo, fue violada de manera reiterada desde que tenía siete años por su agresor.
Para garantizar que estas agresiones repetidas no salieran a la luz, los acusados recurrieron de forma constante a amenazas de muerte con armas de fuego y objeto cortante. El miedo real e inminente a perder la vida o alguien de sus familias. Esta coacción extrema no solo se utilizaba para consumar el acto sexual en el momento, sino para asegurar el silencio posterior.
Contra varones
Las agresiones contra menores varones también movilizaron a la justicia.
