SANTO DOMINGO.-El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, volvió a la palestra pública para abordar el proceso legal que enfrenta en el caso Transcore-Intrant.
Durante una entrevista en el canal de YouTube Somos Pueblo, lanzó fuertes acusaciones contra el abogado Jorge Luis Polanco, exabogado del presidente Luis Abinader, hoy abogado de empresario Antonio Espaillat, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison y otros funcionarios del gobierno.
Gómez Canaán, propietario de Aurix, una de las empresas vinculadas al contrato para la administración de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, declaró que Polanco lo convenció de cooperar voluntariamente con las autoridades y luego lo traicionó. «Seguimos las directrices del Sr. Jorge Luis Polanco con mucha responsabilidad, paso a paso, y él nos traicionó, nos vendió», denunció.
«El único cliente que tengo es el gobierno dominicano, pero Jorge Luis Polanco ya salió del gobierno, así que creo que este es el momento de hablar de Jorge Luis Polanco», agregó durante la entrevista.
Según su relato, tras la cancelación del contrato Aurix en 2023, otorgado por Intrant para la modernización del tráfico, Polanco fue designado el 19 de noviembre de ese año para «arreglar la situación».
Sánchez explicó que, a pesar de la cancelación del acuerdo debido a presuntas irregularidades, su empresa continuó brindando soporte técnico gratuito, invirtiendo más de RD$800 millones de capital propio para mantener operativa la red de semáforos.
También afirmó que el entonces director de Intrant, Milton Morrison, actuaba bajo las órdenes de Polanco: «Él no era el director de Intrant; reportaba a Jorge Luis Polanco».
Según él, Polanco lo convenció de cooperar entregándole toda la documentación y reparando los semáforos del Gran Santo Domingo con sus propios recursos. «Lo convenció de presentarse, de proporcionar todas las pruebas y de cooperar al 100 % con las autoridades dominicanas durante un año, reparando cada intersección del país día a día», declaró Gómez Canaán.
Mencionó también que su empresa, Aurix, también maneja tecnología de tráfico y ha colaborado con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ampliando su rango de operaciones más allá del caso Intrant.
Otras señales
Acusó a Milton Morrison, director del Intrant, de ofrecer dinero a inspectores del Departamento de Transporte de Nueva York para intentar «solucionar el problema del tráfico en República Dominicana», lo que derivó en la apertura de procesos judiciales en Estados Unidos.
Gómez también alegó que Morrison había proporcionado información falsa a las autoridades estadounidenses, afirmando que en República Dominicana «había un terrorista saboteando semáforos», una referencia directa a él. «No quiero parecer vengativo, pero preveo que se irá de aquí a Estados Unidos en los próximos doce o trece días», advirtió.
Durante la entrevista, amplió sus acusaciones, esta vez contra el estratega de comunicaciones Mauricio De Vengochea. Lo acusó de supuestamente solicitar el 5% en sobornos ilícitos para facilitar la aprobación de un proyecto de Inspección Técnica Vehícular en el país. «Durante conversaciones en el Palacio Nacional, De Vengochea supuestamente le dijo a un funcionario que para que el proyecto avanzara, necesitaba que le dieran el 5% a través de una empresa», explicó.
En medio de las acusaciones y los procesos legales que enfrenta, Jochy Gómez reveló que su empresa, Aurix, continúa operando con contratos vigentes con el Estado. Entre estos, destacó el proyecto de frontera biométrica en colaboración con Dermalog, una empresa privada alemana.
El plan biométrico fronterizo con Dermalog es de Aurix. Los fondos discrecionales enviados desde el DNI a Dermalog, una empresa privada alemana, representante exclusiva de ese contrato, fueron obtenidos por Aurix. La empresa acusada de terrorismo es quien gestiona indirectamente el plan biométrico fronterizo, enfatizó.
Cambiaron la medida coercitiva en noviembre
En cuanto a la situación judicial, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional modificó en noviembre de 2024 la medida coercitiva impuesta a Gómez Canaán, Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la Operación Camaleón. Se levantó la pena de prisión preventiva de 18 meses que se les había impuesto inicialmente.
Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán ordenaron nuevas medidas para los tres imputados: prohibición de salida del país, presentación de denuncias periódicas y garantías económicas.
Hugo Beras y Pedro Padovani deben depositar cada uno una fianza de cinco millones de pesos a través de una compañía de seguros y comparecer ante el Ministerio Público los tres primeros días de cada mes. En el caso de Jochy Gómez, se le ordenó pagar una fianza de dos millones de pesos y comparecer periódicamente.
