Auditoría externa del Banco Agrícola advierte señales graves de deterioro interno, pese al respaldo ilimitado del Estado.
En la superficie, el Banco Agrícola de la República Dominicana, creado en 1945, para financiar el desarrollo agropecuario y facilitar el apoyo financiero a productores y empresas del sector, exhibe credenciales envidiables. Feller Rate, calificadora internacional, le otorgó en 2025 la máxima calificación “AAA”, fundamentada en la garantía ilimitada del Estado dominicano a sus operaciones financieras. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es otra.
Lo que emerge en esta auditoría de BDO (auditor externo independiente), es un choque frontal entre el discurso oficial y la realidad auditada: un banco estatal que, pese al brillo de su respaldo gubernamental, padece un preocupante deterioro institucional cuyas consecuencias pudieran recaer sobre todos los dominicanos; se trata de una señal de alarma de esta entidad financiera, que debe estar bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Cartera de créditos en expansión, riesgos al alza
Uno de los pilares del discurso oficial del Banco Agrícola es la expansión histórica del crédito agropecuario. Y ciertamente, en los últimos años el banco ha canalizado volúmenes récord de préstamos a productores de todo el país. Los datos muestran que los desembolsos anuales casi se duplicaron entre 2020 y 2024, pasando de aproximadamente RD$359 mil millones en 2020 a RD$668 mil millones en 2024.
Este salto notable –impulsado en parte por programas especiales de préstamos a tasa cero y facilidades crediticias tras la pandemia– ha significado recursos frescos para el campo dominicano. Sin embargo, ese crecimiento vertiginoso de la cartera no ha estado exento de riesgos. Al cierre de 2024, el banco reportó un saldo total de préstamos de RD$39,105 millones, pero una proporción importante de ese monto está comprometida por mora o litigios. Según los estados financieros auditados, solo en préstamos con más de 90 días sin pago (cartera vencida), Banco Agrícola acumulaba RD$3,703 millones, y los créditos en proceso de cobro judicial sumaban otros RD$1,992 millones. En conjunto, más de RD$5,600 millones estaban en situación crítica de recuperación, representando cerca del 15% de toda la cartera.
Este nivel de morosidad compromete la rentabilidad esperada del banco y evidencia debilidades en la gestión del riesgo crediticio. Un banco de fomento agropecuario espera que la mayoría de sus préstamos se recuperen para poder reciclar esos fondos; en el caso de Banco Agrícola, una porción sustancial de su portafolio enfrenta riesgo real de incobrabilidad, lo que debilita la posición financiera de la entidad. Y el problema se agrava al analizar las provisiones para pérdidas que el banco ha constituido.
Provisiones por debajo de lo requerido
El Reglamento de Evaluación de Activos (REA) de la Junta Monetaria establece cuánto debe provisionar un banco según la calidad de su cartera (préstamos en diversas categorías de riesgo). Al 31 de diciembre de 2024, conforme a ese reglamento, Banco Agrícola debía tener RD$6,486 millones en provisiones para cubrir el riesgo de sus préstamos problemáticos. Sin embargo, la provisión efectivamente constituida por el banco era de apenas RD$3,018 millones. En otras palabras, casi la mitad del riesgo crediticio (un faltante de RD$3,467 millones) estaba sin cubrir en los libros. Los auditores enfatizan que esa cifra representa el mínimo normativo; en la práctica, la brecha podría ser mayor debido a la falta de depuración de la cartera, la alta proporción de créditos en cobro judicial y la existencia de partidas cuyo valor no ha podido validarse plenamente.
Este vacío contable implica que más de tres mil millones de pesos en préstamos potencialmente incobrables no tienen respaldo financiero alguno. De materializarse esas pérdidas, golpearían directamente el patrimonio del banco (y, por ende, requerirían auxilio del Estado para ser absorbidas). La insuficiencia de provisiones es, según los expertos, uno de los indicadores más críticos de la fragilidad de una entidad bancaria. En el caso de Banco Agrícola, los propios auditores lo señalan como “el primer hallazgo crítico” de sus revisiones.
La otra cartera: RD$16,744.9 millones “por fuera” del balance (fondos administrados, tasa 0 y préstamos fuera de evaluación)
Según las notas, al cierre de 2024, el Banco Agrícola reporta en cuentas de orden Fondos del Gobierno por RD$16,744.9 millones (con cifra comparable para 2023). Esta cartera corresponde a programas especiales y fondos administrados, incluyendo líneas con tasa 0, esquemas de reactivación y planes interinstitucionales.
Y aquí está el punto que cambia el caso: esa cartera no está dentro del balance presentado. Por tanto: lo más delicado: los auditores no evalúan la calidad de esa cartera. La mencionan, la registran como información complementaria, pero no existe un cuadro auditado de recuperación, mora, reestructuración o judicialización de esa cartera administrada, al mismo nivel de detalle con que se audita la cartera propia.
En términos de rendición de cuentas, eso crea un “punto ciego” gigantesco: casi RD$17 mil millones en préstamos administrados, colocados bajo programas públicos, sin evaluación prudencial auditada en los estados base y sin provisiones asociadas. La pregunta institucional aquí no es menor: si esa cartera fuera de balance tiene problemas de cobro, ¿dónde se registra el deterioro? ¿quién lo asume? ¿qué institución refleja la pérdida?
¿Dónde se concentra el crédito? Expansión geográfica, un ciclo perverso
La misión del Banco Agrícola es impulsar el crédito en todo el sector rural, pero no todas las regiones han recibido el mismo nivel de financiamiento en los últimos años. Los datos de desembolsos 2021–2025 revelan una concentración marcada en determinadas demarcaciones geográficas. Provincias relativamente pequeñas, como Monte Plata o San José de Ocoa, aparecen entre las mayores receptoras de préstamos, superando incluso a polos agropecuarios tradicionales.
Según los datos abiertos del propio banco, la colocación de crédito en 2024 se concentró en los rubros tradicionales de su misión: arroz, tabaco, ganadería y cacao, que figuran entre los destinos de mayor volumen del año. Pero hay un dato que no pasa inadvertido: aun cuando su perfil institucional no es el de un banco de microcrédito, el Bagrícola canalizó RD$3,912.7 millones en el renglón “Microempresas y Otros”, una cifra significativa dentro del total colocado, y además mantuvo préstamos de consumo por RD$496.8 millones en 2024. Ese mapa sectorial se refleja también en el territorio: el mayor movimiento de colocación se registró en sucursales como Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Constanza, San Juan de la Maguana y Santo Domingo.
Esta distribución plantea interrogantes sobre los criterios de asignación del crédito. ¿Responden estos montos al potencial productivo real de esas provincias, a proyectos específicos o a decisiones administrativas de otro tipo?
Una estructura operativa pesada y deficiente
Otra arista crítica en la situación del Banco Agrícola es su estructura de gastos operativos. Mantener la institución funcionando le cuesta al país una suma considerable cada año, y gran parte de ese costo se va en sostener una voluminosa nómina. En 2024, los gastos operativos totales del banco ascendieron a RD$2,917 millones, de los cuales un 67.5% –equivalente a RD$1,970 millones– se destinaron exclusivamente al pago de sueldos y compensaciones del personal. Así lo revelan las notas a los estados financieros auditados.
Esta estructura tan cargada al gasto de personal resulta preocupante y pone en entredicho su capacidad de sostenibilidad. De hecho, al cierre de 2024, Banco Agrícola presentó un déficit operacional del orden de RD$1,564 millones. Esto significa que, sin contar eventuales subvenciones o ingresos extraordinarios, sus gastos superaron ampliamente a sus ingresos financieros.
Bienes adjudicados: activos viejos que inflan el balance
Cuando un banco no logra recuperar un préstamo, suele ejecutar las garantías –por ejemplo, quedarse con terrenos o propiedades del deudor– para tratar de resarcirse. Con el tiempo, Banco Agrícola ha acumulado un lote significativo de bienes adjudicados en recuperación de créditos, pero lamentablemente muchos de ellos llevan décadas en los libros sin poderse vender. Al cierre de 2024, el Banco Agrícola registraba RD$560.9 millones en este tipo de bienes recuperados. Lo más inquietante es la antigüedad de varios de estos activos: según la auditoría, el banco conserva propiedades adjudicadas desde 1959, 1983, 1994 y 2007. Son inmuebles que han pasado entre 15 y 65 años en la panza del banco. La mayoría carece de tasación actualizada y se ubica en zonas rurales donde prácticamente no existe un mercado activo para su venta.
En la práctica, estos bienes inflan el balance presentándose como activos, pero no representan liquidez ni valor realizable en el corto plazo. Es probable que muchos valgan hoy mucho menos de lo que figura en los libros, o incluso nada. Sin embargo, Banco Agrícola no les ha aplicado la provisión contable correspondiente para reflejar esa pérdida potencial de valor. En otras palabras, parte del patrimonio que exhibe el banco está sustentado en propiedades obsoletas que quizás jamás se conviertan en efectivo, lo que introduce un sesgo en la contabilidad.
Los auditores destacan que este punto denota problemas de gestión y gobierno corporativo. Mantener inmuebles por tantos años sugiere ausencia de políticas efectivas de venta o recuperación, y al mismo tiempo, no provisionarlos distorsiona la imagen financiera.
Tecnología obsoleta y controles contables debilitados
Paradójicamente, en pleno siglo XXI el Banco Agrícola opera con una plataforma tecnológica rezagada que ni siquiera le permite generar informes financieros básicos exigidos por el regulador. Los auditores de BDO señalan que al cierre de 2024 el banco seguía sin poder producir reportes institucionales clave solicitados por la Superintendencia de Bancos, tales como el flujo de efectivo consolidado, la información completa sobre partes relacionadas o el cálculo de límites técnicos de crédito. Estos requerimientos no son caprichos burocráticos: son piezas fundamentales para evaluar la salud financiera y el nivel de riesgo de una entidad. La incapacidad de Banco Agrícola para proporcionarlos, más de dos años después de habérsele requerido, supone un incumplimiento normativo serio y refleja un atraso tecnológico mayúsculo.
Las consecuencias prácticas de esta omisión son profundas. Al no contar con sistemas modernos, el banco dificulta la labor de supervisión tanto interna como externa. Los auditores indican que esta limitación les impidió validar partidas esenciales del balance.
En particular, sin un estado de flujos de efectivo adecuado, resulta complejo verificar la liquidez real del banco; sin reportes de partes relacionadas, es difícil descartar posibles conflictos de interés o créditos privilegiados; sin cálculo de límites técnicos, no hay certeza de que el banco esté acatando los topes de concentración de riesgo por deudor o sector.
Otras cuentas sin actualizar
Pero los problemas de control van más allá de la tecnología. La auditoría 2024 encontró rubros contables sin conciliar y fuera de plazo, lo cual es señal de desorden administrativo. Por ejemplo, al cierre del ejercicio, Banco Agrícola tenía RD$283 millones registrados como “otras partidas por imputar” (es decir, montos en tránsito o pendientes de asignación a cuentas definitivas) sin conciliación contable por más de 90 días cuando la normativa bancaria establece un máximo de 30 días para depurar estas partidas. Según el informe, esta omisión impide saber con certeza a qué corresponden esos fondos o si están correctamente registrados.
A lo anterior se suma que el banco no realizó la revaluación de sus inmuebles en el plazo bianual que exige la regulación vigente. Esto significa que los terrenos o edificios que posee (por ejemplo, sus oficinas, o quizás parte de esos bienes adjudicados mencionados) pueden estar registrados contablemente por valores muy alejados de la realidad de mercado.
Los auditores también arrojan en falta la confirmación de saldos con varias instituciones clave como el Ministerio de Hacienda, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Ministerio de Agricultura ni con el Banco de Reservas.
Por último, una curiosidad revelada en las notas: Banco Agrícola tiene cuentas de depósitos inactivas y abandonadas por un monto no insignificante. Al cierre de 2024, se reportaban RD$217.6 millones en cuentas inactivas (depósitos de clientes sin movimientos entre 3 y 10 años) y RD$7.8 millones en cuentas abandonadas (más de 10 años sin actividad). En total, unos RD$225.4 millones reposaban inmovilizados en el pasivo por depósitos del público.
Si bien el manejo de cuentas inactivas tiene su proceso legal (tras cierto tiempo, esos fondos pueden revertir al Estado), la cifra muestra otra faceta de la operativa: hay dinero de ahorristas que lleva una década o más sin ser reclamado, reflejando quizás fallos en la comunicación o en la administración de esos recursos. Son detalles que, sumados, completan un panorama de deficiencias de control interno preocupantes.
Estudio actuarial pendiente del fondo de pensiones
Adicionalmente, las notas de los estados financieros auditados revelan que el Banco posee un plan de pensiones de beneficio definido para ciertos empleados con derechos adquiridos previo a la Ley 87-01 (que instauró el actual sistema de seguridad social). A la fecha del informe, dicho plan no contaba aún con una evaluación actuarial actualizada para cuantificar con precisión sus obligaciones futuras. Este punto es relevante, ya que un estudio actuarial pendiente sugiere que podría existir un pasivo laboral no reconocido plenamente en los libros. Por ello, los auditores destacan que si no se toman las medidas correspondientes, existe incertidumbre sobre si el Banco enfrentará en el futuro una carga financiera adicional relacionada con las pensiones de sus empleados.
Los hallazgos de auditoría han puesto al descubierto señales de alarma que no pueden ignorarse. El Banco Agrícola, joya teórica de la banca pública dominicana, se encuentra en una encrucijada. O se toman medidas decididas para fortalecer su gobernanza, saneamiento de cartera, control interno y tecnología, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón costoso que sirve más como aparato burocrático que como motor de desarrollo. Mantener el statu quo significaría confiar en que los problemas se resolverán solos o que el respaldo estatal es infinito y gratuito. Pero la realidad documentada sugiere lo contrario: si el banco continúa deteriorándose –con créditos que no se recuperan y riesgos que se materializan– la pérdida no desaparece, es pública y terminará pagándose, de una forma u otra, entre todos.
Tomado del Periódico Panorama
