LA FLORIDA.-Un excongresista de Miami y amigo desde hace mucho tiempo del secretario de Estado, Marco Rubio, fue declarado culpable el viernes en relación con una campaña secreta de cabildeo de 50 millones de dólares en nombre de Venezuela durante el primer Gobierno del presidente, Donald Trump.
Los miembros del jurado declararon culpables al republicano David Rivera y a una asociada, Esther Nuhfer, de todos los cargos, entre ellos, no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero como parte de su trabajo para el régimen del exgobernante Nicolás Maduro.
Tal como hizo durante todo el juicio, Rivera permaneció impasible mientras el jurado emitía su veredicto.
Rivera estaba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó que fuera puesto bajo custodia, al considerar que representaba un riesgo de fuga porque tiene acceso a fondos considerables, enfrenta una posible condena de prisión prolongada y afronta cargos federales adicionales en Washington, D.C., en un caso relacionado de cabildeo extranjero.
En una acusación de 11 cargos hecha pública en 2022, los fiscales alegaron que Rivera fue reclutado por la entonces canciller Delcy Rodríguez —actual gobernante interina de Venezuela— para aprovechar conexiones republicanas de la época de Rivera en el Congreso y lograr que el primer Gobierno de Trump abandonara su postura de línea dura y aliviara las asfixiantes sanciones contra Venezuela.
Como parte de la ofensiva de seducción, alegaron los fiscales, Rivera y Nuhfer, una consultora política, manipularon a amigos influyentes, entre ellos, Rubio y Sessions, como “peones en un tablero de ajedrez”. El objetivo: intentar normalizar las relaciones con el nuevo Gobierno de Trump en un momento en que el régimen de Maduro era sacudido por graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.
“Mientras el dinero siguiera entrando, no les importaba de dónde venía”, dijo el fiscal, Roger Cruz, refiriéndose a los acusados durante los alegatos finales.
Un “enorme secreto” amenazaba con dañar la carrera política de Rivera, agregó. Pero ambos guardaron el “enorme secreto” y no revelaron su labor de cabildeo como se exige, por temor a que eso hubiera acabado con la carrera política de Rivera como firme anticomunista, sostuvo Cruz.
Para ocultar su trabajo, alegaron los fiscales, Rivera también creó un grupo de chat cifrado llamado MIA —por Miami— con su principal enlace con el régimen de Maduro: el magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín, quien posteriormente fue acusado en Estados Unidos de sobornar a altos funcionarios venezolanos.
Los integrantes del grupo usaban un juego de palabras clave para hablar de sus actividades: Maduro era el “conductor del autobús”, Sessions el “Sombrero”, Rodríguez “La Dama de Rojo” y los millones de dólares, “melones”, según copias de mensajes de texto presentadas ante el jurado.
“Todo giraba en torno a La Luz”, dijo Cruz, palabra que Rivera y otros usaban repetidamente para hablar de pagos desde Caracas.
Los abogados de Rivera y Nuhfer afirmaron que ambos actuaron de buena fe y creían que no tenían obligación de revelar su trabajo. El contrato de 50 millones de dólares por tres meses con la firma unipersonal de consultoría de Rivera, dijeron, se centraba exclusivamente en atraer de vuelta a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil, un trabajo comercial que por lo general está exento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
Las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions, que ocurrieron después de que el contrato de consultoría hubiera expirado y se enfocaron en propiciar un liderazgo en Venezuela que fuera menos hostil hacia Estados Unidos, fueron completamente ajenas a esa consultoría, sostuvieron.
El abogado de Nuhfer, David Oscar Markus, comparó el caso del Gobierno con los juicios por brujería de Salem del siglo XVII, al presumir mala intención que, según él, quedaba desmentida por pruebas endebles.
“Mi clienta no tiene un corazón oscuro”, afirmó.
Reuniones con Exxon para Rodríguez
Los fiscales dijeron que Rivera usó el contrato con PDV USA, con sede en Nueva York, como tapadera para realizar un cabildeo ilegal.
Una vez expuesto el trabajo, los socios intentaron ocultarlo fechando documentos de manera retroactiva e ideando acuerdos ficticios, como uno para justificar una transferencia bancaria de 3,75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida que daba mantenimiento al yate de lujo de Gorrín.
Sin embargo, el acercamiento se desmoronó rápidamente. A los seis meses de asumir el cargo, Trump sancionó a Maduro y lo calificó de “dictador”, lanzando una campaña de “máxima presión” para sacar del poder al líder.
No obstante, casi una década después, Rodríguez ha surgido como la socia de confianza del segundo Gobierno de Trump tras el derrocamiento de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos.
Antes de ser elegido al Congreso en 2010, Rivera fue un legislador de alto rango en Florida. Durante ese tiempo, compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien con el tiempo se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Florida.
Rivera ya había enfrentado controversias, incluidas acusaciones de que financió en secreto a un candidato demócrata saboteador en una contienda parlamentaria de 2012. El año pasado, los fiscales federales retiraron el caso después de que un tribunal de apelaciones anulara una multa considerable impuesta por un tribunal inferior. Rivera también fue investigado —pero nunca acusado— por presuntas violaciones a las normas de financiamiento de campañas y por un contrato de 1 millón de dólares con una empresa de apuestas mientras servía en la legislatura de Florida.
