CHICAGO, Illinois (AP).—El gobierno del presidente Donald Trump interpuso el pasado jueves una demanda contra este estado, en la que asegura que las leyes de “santuario” de la tercera ciudad más grande de la nación “frustran” los esfuerzos federales para la aplicación de las leyes de inmigración.
La demanda, que también nombra al estado de Illinois, representa el más reciente el esfuerzo encaminado en tomar medidas enérgicas contra los lugares que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local. Esto sigue a las amenazas del gobierno federal de presentar cargos penales y recortes de fondos federales a las que se conocen como ciudades santuario.
“La conducta de los funcionarios de Chicago e Illinois, que durante años han aplicado al mínimo posible las leyes federales de inmigración y a menudo las han desobedecido, ha dado lugar a que innumerables delincuentes hayan sido dejados en libertad en Chicago, los cuales deberían haber sido detenidos para su expulsión de los Estados Unidos”, según la demanda presentada en el tribunal federal de Chicago.
Tras las ciudades santuario
Trump ha señalado a menudo a Chicago e Illinois, los cuales tienen algunas de las protecciones más fuertes para los migrantes en la nación. Altos funcionarios del gobierno visitaron la ciudad el mes pasado para el inicio de restricciones migratorias y transmitieron en vivo imágenes del “zar de la frontera”, Tom Homan, realizando arrestos.
Aunque en los últimos meses han aparecido en las noticias varios delitos violentos y de gran repercusión en los que están implicadas personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, no hay nada que respalde la afirmación de que esto ocurre a diario. Los estudios han revelado que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos tienen menos probabilidades de ser detenidas por delitos violentos, relacionados con las drogas y contra la propiedad que los estadounidenses nacidos en el país.
Sin embargo, este sentimiento es la piedra angular de la agenda de Trump. La primera ley que promulgó su nuevo gobierno, la cual lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada, requiere la detención de migrantes no autorizados acusados de robo y crímenes violentos.
Recorte de subvenciones federales
Horas después jurar el cargo el miércoles, la nueva secretaria de Justicia Pam Bondi lanzó el último ataque del gobierno contra las ciudades santuario, ordenando el fin de las subvenciones del Departamento de Justicia para las jurisdicciones que “interfieren ilegalmente con la “impartición de la ley federal”.
El fiscal general demócrata de California, Rob Bonta, dijo que está monitoreando la implementación de la directiva.
“No dudaremos en responder si el gobierno de Trump intenta retrasar o condicionar ilegalmente fondos vitales de seguridad pública para las fuerzas del orden estatales y locales”, dijo en un comunicado.
Este gobierno, sin embargo, ya ha dejado claro que el precedente legal no necesariamente se interpondrá en su camino. Los abogados dicen que simplemente presentar demandas puede intimidar a las jurisdicciones para que se alejen de sus leyes santuario.
