SANTO DOMINGO.-La jueza Nicol Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, dictó 30 días de medida cautelar de internamiento provisional a tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de la muerte de otra menor que se encontraba bajo la tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El abogado de la familia de la víctima, Félix Prenza, informó que las adolescentes enfrentan una acusación provisional de homicidio y que, hasta el momento, se desconocen las circunstancias que habrían originado el hecho.
«Realmente, en este momento no sabemos. Más adelante las investigaciones van a sacar la verdad«, manifestó al salir de la audiencia en la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este.
Testigo
Explicó que existe una testigo considerada esencial para el esclarecimiento del caso, cuyo testimonio será obtenido mediante una entrevista en cámara Gesell.
Asimismo, indicó que la familia solicitó al tribunal la entrega del cuerpo de la adolescente fallecida, debido a que aún no había sido entregado a sus parientes. Según afirmó, la jueza ordenó que se procediera con la entrega.
De acuerdo con el representante legal, el Ministerio Público sostiene que hubo intención de causar daño a la menor, aunque las adolescentes se acogieron a su derecho de guardar silencio durante la audiencia.
Prenza recordó que, aunque el homicidio contempla penas de hasta 20 años de prisión para adultos, al tratarse de menores de edad el caso se rige por una legislación especial, que establece sanciones de entre cinco y ocho años de privación de libertad en caso de una eventual condena.
Suceso y entorno familiar
La adolescente de 14 años ingresó al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo y, nueve días después, fue encontrada sin vida dentro de una instalación bajo responsabilidad directa del Estado.
Antes de ingresar a un hogar de paso, la menor se encontraba en un centro médico debido a que presentaba un fuerte dolor de cabeza.
De acuerdo con las declaraciones de Antonio Paul, la adolescente manifestó haberse tomado una pastilla.
Paul aseguró que, durante el ingreso de su sobrina en el hospital, realizaba visitas constantes. Sin embargo, un día en que asistió al centro, los doctores le informaron que la adolescente había sido trasladada por autoridades de Conani.
De igual manera, la familia denunció que las presuntas «trabas burocráticas» impidieron que la menor estuviera en un entorno seguro y familiar.
Con la voz quebrantada pero firme, la tía de la occisa, Reinada Paul cuestionó con dureza los criterios de evaluación de la entidad estatal, asegurando que su hogar cumplía con todas las condiciones dignas para albergar a su sobrina antes de que ocurriera el fatal desenlace.
Tras el deceso de la joven, Conani informó la suspensión preventiva del personal responsable de la seguridad y el acompañamiento en el centro residencial donde ocurrió el hecho. Además, ordenó una intervención administrativa de las instalaciones para revisar sus protocolos de atención y protección.
Más de una semana, fue entregado a sus familiares el cuerpo de la menor supuestamente asesinado por tres adolescentes en un centro del CONANI.
Sus parientes no podrán velarla debido a su avanzado estado de procesamiento.
