SANTO DOMINGO, R.D.-La Fundación Derechos Humanos Global denunció que miles de personas con discapacidad, oficialmente certificadas por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), continúan desprotegidas, olvidadas y sin recibir los beneficios que por ley les corresponden.
La entidad advirtió que numerosas personas fallecen esperando una ayuda estatal que nunca llega, mientras otras sobreviven en condiciones de extrema precariedad, sin pensiones, sin asistencia económica y sin acceso efectivo a programas de protección social.
Certificados, pero abandonados
La Fundación señaló que, una vez obtenida la certificación oficial de discapacidad, muchos ciudadanos quedan atrapados en un sistema que los reconoce en el papel, pero los abandona en la práctica.
Las leyes 5-13 y 34-23, así como la Constitución de la República, obligan al Estado a garantizar protección, atención médica, inclusión y apoyo económico a las personas con discapacidad, especialmente a quienes no pueden valerse por sí mismas. Sin embargo, existe una grave desconexión entre la institución que certifica la discapacidad y los organismos responsables de otorgar los beneficios sociales.
“Certificar para luego abandonar es una forma de negligencia institucional que vulnera derechos fundamentales”, afirmó la organización.
Un certificado debe abrir puertas, no cerrarlas
La Fundación Derechos Humanos Global sostuvo que una certificación de discapacidad no puede convertirse en un simple documento burocrático sin consecuencias reales.
“Tener un certificado significa que existe una condición que limita la capacidad de la persona y que requiere apoyo del Estado. Ignorar esa realidad constituye una violación a los derechos humanos y a la dignidad de miles de dominicanos”, expresó.
Asimismo, enfatizó que el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino en la ausencia de voluntad y responsabilidad para cumplir las obligaciones legales existentes.
Préstamos millonarios… discapacitados en el olvido
La entidad calificó de indignante que muchas personas con discapacidad no cuenten ni siquiera con los recursos necesarios para costear el transporte hacia una consulta médica especializada, una cita oncológica o las terapias de rehabilitación que requieren para preservar su salud y calidad de vida.
“Resulta inaceptable que mientras el Estado gestiona préstamos multimillonarios, miles de ciudadanos vulnerables carezcan de los recursos mínimos para atender necesidades básicas relacionadas con su salud y supervivencia”, expresó.
Llamado urgente a las autoridades
La Fundación exhortó al CONADIS, al Gabinete de Política Social, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y al Ministerio de Hacienda a coordinar esfuerzos para que el registro oficial de personas con discapacidad se convierta en una herramienta efectiva de protección social y no en un archivo muerto.
“La certificación debe ser la puerta de entrada a los beneficios y programas de asistencia, no un trámite sin consecuencias prácticas”, indicó.
Finalmente, la organización aseguró que continuará denunciando esta situación hasta que el Estado asuma plenamente su responsabilidad.
“Un certificado de discapacidad es un compromiso firmado por el Estado con sus ciudadanos. Hoy ese compromiso está siendo incumplido. Las personas con discapacidad tienen derechos; no están pidiendo favores.”
