SANTO DOMINGO.-El chantaje y la extorsión por redes sociales se han convertido en una industria que penetra todas las capas sociales y que, según las autoridades, mueve sumas millonarias anualmente en el país.
Según Gómez Mazara, sólo el 15 % de las personas víctimas de chantaje lo reporta ante las autoridades, mientras que el resto prefiere lidiar con la situación por su propia cuenta, lo que ha provocado hasta suicidios y estafas de larga duración.
Jóvenes y mujeres
Hablando del tema, el director del Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional, general Edgar Arnaud, aseveró que ya no se trata de una simple red de presidiarios como ocurría en el pasado, sino que los operarios hasta se encuentran fuera del país.
Otro de los hallazgos a partir de los casos que han sido judicializados o que están siendo perseguidos por las autoridades, es que esta práctica ya no se concentra en el Gran Santo Domingo, sino que se ha desplegado por el resto del país, con énfasis en la región Norte.
De las tarjetas SIM
Estos chantajes son ejecutados utilizando tarjetas telefónicas preaprobadas que son dispensadas a distribuidores independientes desde las empresas de telecomunicaciones. Una práctica que no ha podido ser erradicada pese a las constantes resoluciones emanadas desde el Indotel, algunas incluso con plazos, para exigir que cada tarjeta SIM esté atada a la cédula de identidad de quien la solicita.
Guido alarmó a los asistentes al Grupo de Comunicaciones Corripio al brindar un dato que resulta hasta difícil de asimilar.
Según sus propias palabras, a la semana se comercializan 400,000 tarjetas SIM en el país, la mayoría de las cuales son utilizadas por estas redes delictivas.
Las mismas se apoyan también en los celulares robados, que representan el 30 % de las denuncias por robo que son registradas en la Policía Nacional.
En las cárceles
Pese a la industrialización de las redes de chantaje y su expansión en todo el país, las cárceles siguen siendo un campo de acción para quienes se dedican a esta práctica.
Gómez Mazara aseveró que en su gestión han sido entregados unos RD$300 millones para eliminar las señales de celulares en los centros penitenciarios.
Pero las empresas de telecomunicaciones alegan que las cárceles próximas a zonas pobladas no pueden ser intervenidas porque terminan afectando el servicio a la comunidad. “Para ellos es un tema de rentabilidad”, dijo.
En consecuencia, centros como La Victoria, en el centro de un municipio, siguen siendo a la vez la sede del principal centro de chantaje carcelario en el país.
Guido desvió entonces la conversación para hablar del sistema carcelario y cuestionar que en el sistema se siga permitiendo la corrupción de sus involucrados, pues lo que corresponde es que no se permita el acceso de dispositivos móviles a los recintos. En el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio participaron la directora ejecutiva del Indotel, Desireé Logroño, y su director de Ciberseguridad, César Moliné.
eSIM identificados
— Proceso
El director de Ciberseguridad del Indotel, César Moliné, aclaró que las empresas que venden eSIM para conexiones a la web las adquieren desde los prestadores de servicios locales y que, igualmente, son rastreables.
Indotel aboga modificar Ley 153-98
Congreso. En última instancia, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones aboga por una rápida modificación de la ley que le rige (153-98), “que habla incluso de fax”, una tecnología comunicacional que ya no se usa.
La misma es indispensable para abarcar otros aspectos que actualmente no son contemplados y que deben constituirse en delitos y/o ser regulados.
Uno de ellos es la capacidad de respuesta rápida de las grandes plataformas digitales como Meta y Youtube.
Estas plataformas no siempre responden a las demandas de las autoridades, lo que dificulta darle seguimiento a los casos que involucran acciones que riñen con la ley. Por eso se contempla el exigir representantes legales.
