El 3 de enero, pocas horas después de que se confirmara que Nicolás Maduro estaba bajo custodia estadounidense tras una operación militar en Caracas, el presidente Donald Trump rompió con las expectativas de amplios sectores de la oposición venezolana. Al ser consultado sobre María Corina Machado, reciente Nobel de la Paz y figura central del bloque opositor, Trump dudó públicamente de su capacidad para liderar el país en el corto plazo.
No tiene el apoyo interno ni el respeto necesario”, dijo. Para una oposición que había asumido que Machado era la heredera natural del poder tras la caída de Maduro, el mensaje fue interpretado como un rechazo de la Casa Blanca. Sin embargo, puertas adentro, la evaluación estadounidense era mucho más compleja.
El temor central: una transición sin control del poder real
Fuentes de seguridad estadounidenses dijeron a ABC de España que el principal obstáculo para respaldar de inmediato a Machado no fue su legitimidad política ni su liderazgo, sino el control efectivo del poder. Llevar a Machado y a Edmundo González a Caracas tras el colapso del régimen implicaba, en la práctica, una operación militar de gran escala.
Ese escenario, asociado en la memoria estadounidense a Irak y Afganistán, estaba descartado desde el inicio. Trump no estaba dispuesto a asumir una guerra prolongada ni a cargar con la reconstrucción institucional de Venezuela bajo tutela militar.
En los análisis internos de la Casa Blanca, el recuerdo del fallido levantamiento del 30 de abril de 2019 fue determinante. Aquella operación, impulsada desde Washington bajo el liderazgo de John Bolton, buscaba provocar una fractura rápida en la cúpula militar chavista. La CIA advirtió entonces que no existían garantías reales de quiebre en la cadena de mando. Aun así, el plan avanzó.
Desde entonces, cualquier transición sin control efectivo de las Fuerzas Armadas fue considerada inviable sin intervención directa de EE UU, una opción que Trump descartó definitivamente.
Legitimidad vs gobernabilidad
El análisis priorizó la estabilidad inmediata por encima de la legitimidad democrática. Respaldar plenamente a la oposición habría obligado a Estados Unidos a garantizar el orden interno con presencia militar sostenida. Para Trump, ese riesgo era inaceptable.
Aunque públicamente se negó que el Nobel de la Paz influyera en la decisión, en el entorno de Trump el galardón fue visto como un elemento simbólico sin utilidad operativa. Más aún, generó incomodidad. Trump ambiciona ese premio desde hace años y lo integra en su narrativa personal.
Algunos aliados del presidente llegaron a criticar abiertamente al comité del Nobel. Sin embargo, fuentes de la administración insisten en que el premio no fue determinante. El problema, reiteran, no era quién era Machado, sino qué podía controlar en el terreno.
La percepción de inflexibilidad de Machado
La relación entre Machado y Richard Grenell, enviado especial de Trump, también pesó en el proceso. Aunque existieron contactos telefónicos y la disposición inicial a reunirse, los encuentros nunca se concretaron. Machado, en la clandestinidad, rechazó gestos parciales como negociar listas reducidas de presos políticos.
Grenell transmitió a Trump una imagen de Machado como una dirigente firme, pero inflexible, poco dispuesta a compromisos tácticos. Esa percepción se vio reforzada por su rechazo a cualquier contacto con el chavismo y su respaldo irrestricto a las sanciones, una postura moralmente coherente, pero vista en Washington como limitante para una transición amplia y funcional.
Otro factor clave fue el económico. Asesores de Trump subrayaron que Machado evitó pronunciarse sobre temas sensibles como la reactivación petrolera, la inversión extranjera o la reconstrucción económica inmediata. Su discurso se concentró en derechos humanos y presos políticos, dejando un vacío en áreas consideradas estratégicas por Washington.
En contraste, Delcy Rodríguez y su entorno ofrecían control institucional, canales abiertos y disposición a negociar en un contexto de transición provisional.
¿Por qué Delcy Rodríguez?
La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada no fue improvisada. Desde 2020, ella y su hermano Jorge Rodríguez habían mantenido contactos discretos con la administración Trump, explorando escenarios posteriores a una eventual salida de Maduro.
Para Washington, Rodríguez representaba una figura con control operativo, respaldo institucional y capacidad para mantener cohesionadas a las Fuerzas Armadas en una fase inicial. No era una apuesta ideológica, sino una decisión pragmática para evitar el colapso inmediato del Estado.
El ascenso de Rodríguez se produce en un clima de profunda desconfianza. Sectores del chavismo dudan de su papel previo a la operación estadounidense, mientras Trump la elogia y amenaza públicamente, una combinación que muchos interpretan como un intento de aislarla internamente.
Las movilizaciones han sido limitadas, el poder sigue fragmentado y figuras como Diosdado Cabello mantienen influencia. En ese contexto, la transición permanece abierta, provisional y bajo vigilancia constante.
Para la Casa Blanca, la decisión de no respaldar de inmediato a María Corina Machado no fue un juicio moral ni un veto personal. Fue un cálculo de poder. Washington optó por evitar un vacío institucional, una guerra prolongada o una ocupación encubierta.
La apuesta actual es estabilizar, negociar y postergar la disputa política para una segunda fase, condicionada a elecciones y a un reordenamiento interno del poder. En ese escenario futuro, insisten fuentes estadounidenses, el respaldo popular y la legitimidad democrática volverán a ser determinantes.
Por ahora, sin embargo, Estados Unidos eligió el realismo. Y en ese realismo, Delcy Rodríguez apareció como la figura capaz de sostener, aunque sea de forma precaria, el frágil equilibrio del “día después” de Maduro.
