En la República Dominicana, los escándalos públicos parecen tener fecha de vencimiento corta. El caso del ITLA no es la excepción. Estalla, ocupa titulares por unos días y luego se diluye en el silencio burocrático. Mientras tanto, la sensación ciudadana es clara: a muchos funcionarios del gobierno no les importa el escándalo, sino que pase.
El ITLA, institución símbolo de formación tecnológica y movilidad social, no merece convertirse en sinónimo de dudas, irregularidades o manejo opaco. Cuando una entidad que representa esperanza para miles de jóvenes queda bajo cuestionamientos, el deber del Estado no es minimizar, distraer o guardar silencio; es investigar, explicar y corregir. Lo contrario erosiona la confianza pública.
Lo más preocupante no es solo el escándalo en sí, sino la reacción oficial: tibia, tardía o inexistente. El libreto se repite. Voceros que evaden, funcionarios que miran a otro lado y una narrativa que apuesta al cansancio social. Se confía en que el ciudadano olvide, que la indignación se desgaste y que la agenda mediática haga el resto. Esa estrategia, aunque frecuente, es profundamente irresponsable.
Un gobierno que se dice comprometido con la transparencia no puede actuar como espectador cuando una institución clave es cuestionada. El silencio no es neutralidad; es una forma de tomar partido. Y cuando ese partido favorece la impunidad o la opacidad, el mensaje es devastador: “nada pasa”.
La democracia no se sostiene solo con elecciones, sino con rendición de cuentas. Cada escándalo ignorado debilita las instituciones y fortalece el cinismo. Cada explicación que no llega, cada investigación que no se comunica, amplía la brecha entre el Estado y la gente.
El país no necesita más discursos defensivos ni cortinas de humo. Necesita respuestas claras, responsables identificados —si los hay— y correctivos verificables. El ITLA merece respeto. Los estudiantes merecen certeza. Y la sociedad dominicana merece un gobierno que entienda que mirar hacia otro lado también es una decisión política.
Porque cuando a los funcionarios no les importan los escándalos, el costo lo paga la confianza pública. Y sin confianza, no hay futuro institucional posible.
